RODRÍGUEZ CARRIÓN, "Los fundamentos del Derecho Internacional Contemporáneo"

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RODRÍGUEZ CARRIÓN, “Lecciones de Derecho Internacional Público”
LECCIÓN 1.a (Texto 2)
LOS FUNDAMENTOS DEL DERECHO INTERNACIONAL
CONTEMPORÁNEO

1.    COMPRENSIÓN HISTÓRICA DEL DERECHO INTERNACIONAL:
 A)    EL DERECHO INTERNACIONAL COMO EXPERIENCIA HISTÓRICA

1. El término Derecho internacional público fue utilizado por primera vez por el británico  BENTHAM, en 1780, como forma de distinción frente al Derecho nacional. Sustituía al término  ius gentium o ius ínter gentes que durante largo tiempo fijó el nombre usual para referirse a  esta disciplina jurídica y que fuera incorrectamente tomada del Derecho romano. En Derecho  romano el término ius gentium era la contraposición al ius civile y aludía a un derecho común  a todos los hombres, deducible de la razón natural. Con él se pretendían regular las  relaciones en las que las partes no eran ciudadanos romanos, lo que hacía difícil la  aplicación del ius civile a unas relaciones que exigían la utilización de unas normas  jurídicas menos complejas que las de éste. El término sería recogido en la Edad Media y  conceptualizado por la Escuela Española del Derecho internacional, pese a que, por su objeto,  hoy habría que identificar el ius gentium romano más con el Derecho internacional privado que  con el Derecho internacional público. En efecto, el verdadero Derecho internacional público  romano sería el iusfeciale, en cuyo cuerpo se contenían las leyes relativas a las embajadas, a  los tratados y al derecho de guerra. Incluso para una cuestión tan simple, como es la de su  denominación, el recurso a la historia nos resulta ineludible.
 Si en las ciencias jurídicas la referencia a la historia es un dato insoslayable,  refiriéndose a nuestra disciplina en particular ha escrito AGUILAR NAVARRO que, «el Derecho  internacional es el más histórico de todos los derechos: su dependencia de las circunstancias  sociales es extremada; peca acaso de una auténtica servidumbre en que se encuentra con  relación a los acontecimientos históricos. La sociedad internacional es una sociedad en  formación; el Derecho internacional es un Derecho en proceso de gestación: de una se dice que  es primitiva; de otro se afirma que es rudimentario. Faltos de contemplación histórica, el  Derecho internacional resulta incomprensible; ya su mismo concepto es el resultado de una  lenta elaboración científica.» Cualquier intento de explicar esta disciplina, incluso en su  estructura básica,es baldío sin esa referencia continua a la historia. Todo tratamiento  histórico, sin embargo, plantea algunas interrogantes metodológicas que es necesario contestar  con carácter previo para evitar equívocos innecesarios.

2. Es decisiva la cuestión de cuál deba considerarse el inicio de la historia
del Derecho internacional. A tan evidente pregunta, sobre el momento trascendente
en el inicio del devenir histórico, son posibles diversas respuestas. Mientras para
unos el momento clave sería el de las primeras sistematizaciones del concepto, la
primera elaboración doctrinal, lo que apuntaría a la Escuela Española de Derecho
Internacional, a la racionalización sugerida por GROCIO y sus continuadores o incluso al  racionalismo positivista del siglo XDC, para otros llevaría razón el profesor
TRUYOL cuando afirma que «el Derecho internacional surge en cuanto se establecen relaciones de  estabilidad y permanencia entre grupos humanos con poder de autodeterminación y sustentados  por planteamientos éticos o políticos», idea igualmente presente en el planteamiento de  MOSLER. Lógica consecuencia de esta afirmación será hablar del Derecho internacional en épocas  más pretéritas, con referencias incluso a los Imperios del Antiguo Oriente, hasta entroncar con  las grandes civilizaciones de China, India y Grecia. No faltan estudios que han puesto de
manifiesto los antecedentes remotos de estas distintas culturas, o de algunas más
cercanas, en las instituciones actuales del Derecho internacional. Pero si insistimos en la  idea de relaciones entre comunidades políticas autónomas estaremos apuntando a un requisito  subsiguiente y es el dato de que ninguna de ellas tenga la capacidad o la creencia en un  derecho, divino o de otra índole, a regir las relaciones con las otras entidades. En este  sentido, en épocas pasadas, la existencia de imperios globales llevaba a la creencia de que  las normas que regulaban las relaciones con otros entes eran normas sólo convenientes para la  preservación de la hegemonía del imperio, pero la violación de sus reglas no resultaba  sancionada cuando dicha vulneración era necesaria para la preservación del imperio. En  realidad, el Derecho internacional, como lo conocemos actualmente, sólo fue posible tras la  proclamación de la igualdad soberana de las entidades políticas existentes, proclamación que,  con toda puridad, al menos para el conjunto de Estados de nuestro entorno, se produce con  ocasión de los Tratados de Westfalia, que pusieron fin a las guerras europeas de religión,  proclamado el derecho de cada Estado a elegir por sí mismo, sin aceptar la posibilidad de  intervención superior de ninguna otra autoridad.
 Este punto es importante por cuanto la caída del Imperio Romano y la aparición de los  reinos medievales no supuso la destrucción de los elementos esenciales de organización hasta  entonces existentes: es cierto que esos reinos, de hecho, funcionaban con casi absoluta  independencia unos de otros; pero es igualmente comprobable que todos ellos eran depositarios,  en mayor o menor medida, de un conjunto de elementos comunes: los religiosos, los culturales,  los jurídicos e, incluso, los políticos. Un mundo, en suma, de diversidades en la unidad o de  cierta unidad en la diversidad. La existencia de la unidad religiosa, mantenida viva por el  Papado, quizás permitiera la continuación de la idea del Imperio, aunque con consistencia a  veces puramente formal. STADTMÜLLER, en imagen gráfica, ha escrito que «el sistema medieval de  Estados occidentales se asemeja a una elipse, alrededor de cuyos dos focos, el Pontificado y  el Imperio, se agrupan todos los Estados».
3. Al situar, en esta hipótesis, el nacimiento del Derecho internacional a mediados del  siglo xvn, abonamos sin dudar la idea de un origen europeo del Derecho internacional. No es  que no existieran otros mundos —piénsese en los Imperios del Extremo Oriente o en el cercano  Imperio Otomano—, sino que las reglas existentes eran exclusivamente aplicadas al mundo  europeo, mientras que con el resto de las entidades políticas las reglas eran las de la simple  conveniencia o necesidad. En otros términos, los Estados europeos, canon de la legalidad,  podían permitirse el lujo de la razón del poder para imponer sus criterios en otros  territorios, estuvieran o no organizados de forma política semejante a la europea.
La observación es importante en la medida en que ayude a desechar una visión eurocéntrica de  la sociedad internacional. En 1828, GUIZOT, consciente de la pluralidad de civilizaciones  existentes en el mundo, justificaba el exclusivo tratamiento de la civilización en Europa:  salvo la europea, afirmaba, todas las civilizaciones han sido de una enorme simplicidad. Esto  les ha permitido un rápido y vigoroso despliegue, pero la creación de la simplicidad tiende a  agotarse, estacionarse y caminar rápidamente hacia la decadencia. Sin embargo en Europa todo  parece variado, confuso y tormentoso; jamás el dominio de una sola idea, con lo que se ha  hecho incomparablemente más rica: su avance nunca ha sido rápido, pero su progreso no se ha  detenido. Por ello, «la civilización europea ha entrado, si se permite decirlo, en la eterna  verdad, en el plan de la Providencia, y camina según las vías de Dios. En el principio  racional de su superioridad.»
Con una u otra justificación, considerar a Europa como el centro de la civilización y la  historia de Europa como Historia, ha sido tema recurrente en la mayoría de los historiadores.  Por supuesto el Derecho internacional no se marginó en la tendencia. Ciertamente pueden  encontrarse una serie de justificaciones, pudiendo señalarse dos como condicionantes. De un  lado, sólo la moderna historia se ha preocupado de encontrar los antecedentes de nuestra  ivilización: parecíamos surgidos de Grecia, y la propia Grecia como fenómeno peculiar ex  novo. Más allá sosteníase inoperante cualquier investigación. Lógicamente, consecuencia y  ausa, a la vez, del desinterés por otras civilizaciones, esa despreocupación motivó un escaso  y discontinuo conocimiento de las demás. Las contadas noticias que se tienen de otras  xperiencias no permiten afirmar a éstas como unidades, sino antecedentes aislados  asistemáticos. Frente al sistemático estudio de Europa, las restantes culturas resultaban  pobres, simples y escasamente dignas de estudio. Finalmente, no hemos de olvidar que la  ultura europea, en todas sus plasmaciones, ha sido hegemónica. La misma historia, pues, 
arecía afirmar que esa hegemonía, frente a culturas sojuzgadas, no podía sino revelar la 
ecisiva importancia de aquélla y el carácter periférico de éstas. La civilización europea, en 
ierto sentido, subsumía a cualquier otro fenómeno cultural.
Entre 1918 y 1922 aparece la obra de Oswald SPENGLER, La decadencia de Occidente, y con ella  toda una nueva perspectiva en el estudio de la historia en virtud del rechazo de lo que él  llamó concepción ptolomeica de la historia y aceptación de la concepción copernicana. Ya no  existirá una civilización central rodeada de la constelación periférica, sino que cada cultura  constituye una experiencia única: la misión del historiador consistirá en desvelar las  diversas peculiaridades de cada una para comparar las distintas civilizaciones y establecer,  definitivamente, lo que de peculiar y común exista en su conjunto. Posiblemente la obra de  SPENGLER no hubiera llegado a marcar un absoluto giro en las concepciones históricas si el  británico TOYNBEE no se hubiera planteado la necesidad de adjuntar un bagaje empírico a la  obra esencialmente filosófica. Él mismo confiesa haberse sentido profundamente influenciado  por SPENGLER y haberse preguntado cuál sería el resultado si al estudio omnicomprensivo y  teórico de SPENGLER se añadía el gusto por lo concreto y empírico de la mente anglosajona. El  resultado sería A Study of History. TOYNBEE encontrará veintiuna civilizaciones diferentes,  todas susceptibles de comparación a través de tres grupos de modelos: el modelo del  nacimiento, crecimiento y decadencia. El mito europeo quedará, así, definitivamente  desbancado. Con el método sociológico de Alfred WEBER y el antropologismo de Philip BAGBY, la  historia se dirigirá por cauces seguros y cuyos frutos son aún escasamente perceptibles, por  poco asumidos. Sirvan estos párrafos como denuncia del eurocentinsmo
Pero, sin embargo, será necesariamente eurocéntrica toda exposición histórica del Derecho  internacional, en la medida en que ha sido en las diferentes culturas europeas, desde los  antiguos imperios de Oriente Medio, donde se ha producido una filosofía de la política como  expansión. Frente a las civilizaciones japonesa, china o india, en las que la salida o  expansión era concebida como una traición a la propia civilización, todas las culturas que han  nacido en las márgenes del mar Mediterráneo han medido su fuerza y su vigor en la capacidad  para expandirse más allá de sus propios límites conocidos. De ahí que cada cultura europea, en  su fiebre expansionista, haya llevado el germen de destruir, aunque fuera asimilándola o  contaminándose con ella, las culturas diferentes; ha existido, al menos hasta la Edad Media, e  incluso más acá, la creencia de que toda relación internacional está presidida por la idea de  que las relaciones entre entidades políticas independientes son relaciones asimétricas: «la  necesidad de desarrollar tal sistema jurídico general entre iguales nunca surgió en los  tiempos antiguos porque siempre hubo sólo un limitado número de instituciones suficientemente  organizadas como para llamarlas Estados en terminología moderna», como acertadamente ha  escrito MOSLER. En otras palabras, cada una de las civilizaciones pretéritas tenía una visión  hegemónica de sí misma y consideraba que las necesarias relaciones con sus vecinos no estaban  fundamentadas en ideas de igualdad, sino en la de supremacía absoluta, lo que impedía el  surgimiento de un sistema jurídico de relaciones entre los pueblos.
4. Como justificación del esfuerzo de comprensión histórica, no se trata de una investigación  meramente curiosa, sino de una investigación que intente encontrar los aspectos de continuidad  que puedan explicar cuestiones actuales de la sociedad internacional y que se hayan plasmado  en su ordenamiento jurídico. La historia sirve como explicación del presente y como método de  análisis de las tensiones esenciales ahora existentes o como exposición de las contradicciones  que cada hoy abre para mañana. Pero quiero advertir que no se trata de una postura conductista  o determinista, sino que el análisis histórico es un instrumento válido de comprensión  correcta del ser del Derecho internacional actual y del inmediatamente venidero. Instrumento,  en fin, de identificación, pero no de determinación; ni objetivo en sí, por mucho que la  historia, sin aplicaciones concretas, sea también un formidable alimento espiritual. Ésta es  una aclaración que puede no resultar ociosa en una época en la que gusta hablar, en imágenes  diferentes y con obvios condicionamientos ideológicos, del fin de la historia, a la que, en  todo caso, se pretende sustituir con anécdotas.

B)   SOCIEDAD INTERNACIONAL DE ESTADOS CRISTIANOS
1. Si la Edad Moderna supone la ruptura de un mínimo de homogeneidad política, siquiera  ficticia, bajo el binomio Imperio-Papado, será lógico que la creciente diversidad tenga  reflejo inmediato e importante en la ordenación internacional. En efecto, la Edad Moderna  supone un principio de desorganización, por cuanto con ella «queda destruida la universalidad  medieval y surgen a la luz los elementos de la vida europea futura: Estados singulares como  reinos nacionales, como Estados particularistas dinásticos, corno Estados-ciudades organizados  en repúblicas, Iglesias particulares que se unen al Estado, y que, aun allí donde siguen  firmes en la fe católica, se disponen a separarse de Roma; confesiones, en fin, que se  escinden y combaten entre sí. A la vez, empero, se mantiene y actúa el recuerdo de un pasado  común, una conciencia que se hace actual en lucha contra el turco, un Emperador y un Papa, un  continente al que todos pertenecen», como ha escrito NAEF.

 Parece que debe indicarse que no se trata de la desorganización de la sociedad  internacional, sino más bien de un cambio en la fundamentación de su obligatoriedad  organizativa. Si durante siglos ese principio organizativo se encontraba en la ratio  theologica, el humanismo renacentista obligará a la búsqueda de una fundamentación moderna del  derecho de gentes en la ratio naturalis. Entre uno y otro momento podrá producirse la  impresión de que ya no existe fundamentación generalmente aceptada. Así, frente al tomismo,  los postulados de MAQULAVELO parecerán abogar por el más descarnado cinismo de relaciones  interestatales. La creación de un sistema de Estados lleva implícita —y aún sería explicitada  por los autores de la ciencia política de la Edad Moderna— la defensa de la razón de Estado  tanto hacia el interior como hacia el exterior, como puede comprobarse en MAQUIAVELO y en  HOBBES. Y no puede negarse la afirmación de MEINECKE de que «el Derecho internacional y la  razón de Estado se hallan en una inevitable lucha recíproca. El Derecho internacional trata de  reducir la libertad de movimientos de la razón de Estado, revistiendo a la acción política de  todo carácter jurídico posible. La razón de Estado, por su parte, se revela contra estas  limitaciones y utiliza el Derecho, e incluso abusa a menudo de él, como medio para sus fines  egoístas. De esta forma, la razón de Estado quebranta, una y otra vez los fundamentos que el  Derecho ha tratado trabajosamente de establecer. En muchos aspectos, por eso, la labor del  Derecho internacional en pugna con la razón de Estado es una labor de Sísifo, tanto más cuanto  menos se ocupa aquél de la naturaleza y exigencias de ésta. Cuando así ocurre, el Derecho  internacional se encuentra, desde un principio, en peligro de convertirse en algo irreal, poco  práctico y doctrinario.»

 La Edad Moderna estrena supuestos políticos y con ellos se verá necesitada a  replantear sus fundamentos. Durante varios siglos se intentarán esquemas de regulación. Si con  la misma inauguración de la época se produce un momento de reacción, de vuelta al pasado, bajo  la égida de Carlos V, enterrados estos anhelos, habrán de buscarse nuevos modelos, la  hegemonía y el equilibrio de poderes, que sustenten con un mínimo de riesgos el orden europeo  y, progresivamente, los teóricos intentarán sentar las bases jurídicas de la nueva regulación;  así BODINO, pese a su viva defensa de la soberanía estatal, la limitará en su encuentro con  otras soberanías, sometiéndola a los dictados del derecho de gentes; o la Escuela Española del  Derecho Internacional, cuya aportación principal consiste, en palabras de TRUYOL, «en el hecho  de "haber aplicado los principios generales de la moral cristiana y del derecho natural",  recibidos del pensamiento antiguo y medieval, "a la cambiante situación de la aurora de los  tiempos modernos"»; así, finalmente, en esta lista de ejemplos, el intento de GROCIO de crear  un Derecho internacional en que, con frecuencia, se confunden Derecho y moral.

 Tras el caos relacional que la pérdida de la antigua y relativa unidad entraña, las  relaciones entre Estados, progresivamente, se irán institucionalizando. La razón de Estado,  como aún hoy, no desaparecerá, pero encontrará límites progresivos en nuevas formas y normas  que hagan posible la convivencia.

 2. a) Carlos V dejará de soñar con la resurrección del Imperio humanista dibujado por  ERASMO y con la que se había ilusionado tras su coronación en Bolonia, en 1530, porque la  división de la fe fue una lanza contra la pretendida unidad. La alianza de los protestantes  mediante la Liga de la Esmalcalda, aliada de Francisco I, y el acuerdo de ésta con Solimán el  Magnífico, sugirió a Carlos V la conveniencia de reunir un Concilio que intentara el acuerdo  religioso, dando la paz a los reinos católicos y la reunificación de la Cristiandad. Sin  embargo, aquí se inicia el ocaso de la idea imperial: el Concilio de Trento, en sus dos  primeras fases (1545-1549 y 1551-1552), temerá más el cesaropapismo de Carlos V que a la  división de la Cristiandad. Si el Emperador, al reunir a los teólogos protestantes y católicos  esperaba una salida negociada, el Concilio terminará trazando una alianza contra el Emperador  y produciendo soluciones dogmáticas en su tercera fase (1552-1553), que definirá posiciones de  cara a las guerras de religión. Al desistir de la idea imperial, sentará las bases de la  hegemonía española, con lo que se inaugura el modelo de organización internacional de esta  época. AGUILAR NAVARRO ha señalado que la hegemonía representa «una política de dirección que  ejerce un pueblo sobre los demás, a los que sigue reconociendo legalmente una autonomía y una  independencia». El período de la hegemonía española aún suspira por el restablecimiento del  ideal jerárquico y con el triunfo de la Contrarreforma. Los protestantes del norte, apoyados  por la Francia de Richelieu, luchan por los ideales del Renacimiento y de la reforma: se  trata, en palabras de REGLA, de la pugna entre una Europa vertical, jerarquizada, frente a la  Europa horizontal, nacionalista, independentista e igualitaria en cuanto a soberanías  nacionales.

 b) Con la Paz de Westfalia (1648) y el Tratado de los Pirineos (1659), se instaura de  forma efectiva el período de la hegemonía francesa, a la que NAEF califica como operante  «también con combinaciones dinásticas, pero ha desaparecido, en cambio, todo matiz de tipo  confesional, y ha surgido otro motivo que, si bien nunca ha dejado de actuar, se convierte  ahora en motivo dominante: el poder. Un  Estado borbónico, dirigido a la consecución de fuerza  y expansión y cimentado sobre base nacional, aspira a conseguir y consigue influjo político y  cultural de dimensiones europeas. Frente a él se alzan otros Estados, libres también de  consideraciones confesionales, guiados por intereses estatales o dinásticos de poder político  y económico, y apoyados, aunque con diversa intensidad, en la voluntad de propia  independencia.» AGUILAR NAVARRO ha presentado la hegemonía francesa bajo dos manifestaciones  diversas: «1) de carácter aparentemente defensivo —es la utilización de la noción del  equilibrio—; y 2) auténticamente expansiva, como es la política de Luis XIV una vez que  personalmente dirige los destinos de Francia». Si la primera manifestación, bajo el validato  de Sully y Richelieu, le lleva a una visión de Europa como sistema anárquico necesitado de un  equilibrio que impida predominios lacerantes, la segunda manifestación le llevará a proclamar  a Francia heredera de Carlomagno, adjudicándole la representación de la Cristiandad.

 c) Con la guerra de sucesión a la corona de España (1702-1713) finaliza medio siglo de  supremacía francesa y se instaura la hegemonía inglesa. En palabras de AGUILAR NAVARRO esa  hegemonía vendría apoyada «1) en una política de división europea; 2) en la utilización de las  dificultades europeas para insistir en una acción en Ultramar; y 3) en la prioridad concedida  a la política colonial y marítima». Para NAEF, sin embargo, los Tratados de Utrecht instauran  la doctrina del equilibrio europeo. Y, en nuestra opinión, tanto el examen formal de los  instrumentos de Utrecht-Rastadt, como el análisis de la época, más permiten hablar de  instauración de un sistema de equilibrio —aunque Inglaterra se erija en árbitro— que de una  política de hegemonía inglesa. Quizás la confusión estribe en que, si bien Inglaterra surge  como gran potencia imperial en el siglo XVIII, es una potencia que busca la hegemonía a nivel  mundial, pero que no siente especiales tentaciones soteriológicas en el ámbito europeo.
3. a) La política inglesa de equilibrio de poderes va a sustentar el orden europeo durante  todo el siglo XVHI. Pero a finales del mismo Europa experimentará un proceso que introducirá  modificaciones en las concepciones políticas y, lo que es más importante, en las mismas  concepciones económicas, sociales y culturales. Entramos en un período que acertadamente ha  sido calificado como de la época de las revoluciones europeas. En los datos de base de ese  proceso deben contarse la explosión demográfica de finales del siglo xviii; en segundo lugar,  y frente a lo anterior, la agricultura no experimenta una proporcional revolución productiva,  lo que había de provocar una progresiva depauperización de la población agrícola, junto con un  sentimiento de inseguridad de la población urbana; en tercer lugar, se inicia en Inglaterra la  revolución industrial, que si en principio ftie pura invención científica, a continuación va a  tener aplicación tecnológica a la industria gracias al surgimiento de una clase empresarial y  a la escasa cuantía de la capitalización en el inicio de la producción industrial.

 No es accidental que la revolución industrial se produzca precisamente en Ingla-terra:  lo que en otros países gravó el desarrollo económico, en Inglaterra lo potenció. La explosión  demográfica vino acompañada por continuos progresos en la agricultura, lo que permitió que a  nivel de mercado interior se produjera un incremento de oferta y, en alguna medida, de  demanda. Finalmente, para potenciar la total introducción del mercantilismo, Inglaterra cuenta  con un imperio colonial en el que coloca con facilidad su producción excedentaria, a la vez  que la magnitud de posibles consumidores obliga a planteamientos de producción masiva. La  existencia del Imperio permite la obtención de materias primas inexistentes en Europa en  condiciones de favor. Pero si estos factores económicos han de ser retenidos, como condiciones  subyacentes al  período que tratamos, no explican por sí las transformaciones. AGUILAR NAVARRO  ha señalado que «al producirse la Revolución Industrial, los Estados han tratado de redondear  sus territorios para conseguir un espacio suficiente en el que ubicar su sistema económico.  Esto explica una evolución que venimos insensiblemente siguiendo en nuestra exposición; si el  capitalismo incipiente supuso un avance económico, fue debido no sólo al progreso técnico y  geográfico, sino también a la acción del monarca que, con su política, creó un sistema  económico estatal; si el capitalismo ha llegado a alcanzar su apogeo, ha sido debido no sólo a  la revolución de la técnica industrial, a la aparición de los empresarios..., sino también, en  gran parte, a la actuación del Estado Nacional.»

 b) Con ello no se hace sino aludir al concepto mismo de la Ilustración política. Con  la Ilustración política —afirmará NAEF— «la grande y trascendente novación es el tránsito al  pensamiento individualista, el cual, preparado en el terreno religioso, tiene lugar ahora  sobre la base del Estado moderno. Sólo al concebirse en forma individualista al Estado, sólo  al construir el contrato estatal sobre la voluntad de individuos soberanos y al referir el fin  del Estado a los individuos, recibe el movimiento ideológico ese rasgo de futuro  revolucionario que forma parte esencial del concepto de la Ilustración política.» La  Ilustración política supone la ruptura del iusnaturalismo político; así MONTESQUlEU, en El  espíritu de las leyes. monta una teoría sociológica del poder político, indicando que gobierno  y derecho no son afirmaciones generales y abstractas, sino mediatizadas por las circunstancias  —el milieu— que rodean a la sociedad. Afirmará en las Cartas persas, que el mejor gobierno es  el que «conduce a los hombres del modo más adecuado a su disposición». Racionalización del  Estado que consagraría el ginebrino ROUSSEAU cuando, en el artículo sobre «Economía política»,  en la Enciclopedia, afirma que la voluntad general fija las normas de sus miembros, reduciendo  el papel del gobierno al de mero agente de esa voluntad general. La Ilustración, en suma,  supone el factor ideológico que conllevó la crisis de las concepciones tradicionales; no se  trata del establecimiento de un diferente esquema de funciones del Estado, sino de algo mucho  más profundo: el nacimiento de la idea nacional, la nación, como último y esencial componente  del Estado. Con esa concepción, el Estado dinástico tiene que perder su hegemonía, su  vitalidad, su misma esencia, en favor del Estado nacional.
a Revolución francesa podría haber quedado en mero cambio de las concepciones legitimadoras  del poder político, sin mayor trascendencia en nuestro esbozo sobre la historicidad del  Derecho y la sociedad internacional. MlRKINE-GUETZEVTTCH mantuvo que con la Revolución  francesa surge la creencia en la existencia de un derecho objetivo al que habían de someterse  todos los pueblos y de una solidaridad internacional que acogiera a todos los pueblos libres.
Derecho objetivo, sin embargo, con una contradicción abierta en su seno: si de un lado el  dogma de la soberanía nacional supone la afirmación de los pueblos a disponer de sí mismos, de  otro lado, la solidaridad internacional permitirá la afirmación del derecho de intervención  para asegurar en y entre los Estados la idea de la soberanía nacional. Contradicción que, a su  vez, encierra contradicciones secundarias: si se afirma sólo la legitimidad de las guerras  defensivas y la condena de toda guerra de conquista, la propagación de las nuevas ideas  exigían de una actitud competitiva y agresiva. Y si todo ello debería haber traído consigo una  progresiva humanización del ius in bello, el resultado, en frase de STADTMÜLLER, fue que «la  guerra nacional a base de la conscripción general rompió las trabas humanitarias».

 4. Este intento de reorganización del viejo orden, con su secuela en las guerras  revolucionarias napoleónicas, intentó ser frenado o encauzado, tras la derrota de Napoleón, en  el Congreso de Viena (1814-1815). Viena es importante en su doble tentativa de organización de  la sociedad europea. Si hasta ese momento la noción de soberanía habíase llevado a sus últimas  consecuencias, rigiéndose las relaciones internacionales por la absoluta descentralización,  desde ese momento las técnicas tradicionales de lo bilateral en lo diplomático y convencional  van a experimentar un proceso progresivo de multilateralización, institucionalización y  centralización de las relaciones interestatales. Con el Congreso de Viena el proceso de  organización responderá a una doble necesidad: de una parte, la aspiración general a la paz y  al progreso de las relaciones pacíficas. De otro lado, a la solución de una serie de  necesidades concretas y limitadas, relativas a cuestiones precisas. En su origen, sin embargo,  las organizaciones así proyectadas no fueron otra cosa que la prolongación de las conferencias  internacionales; pero con su conversión de episódicas en periódicas, se ha iniciado el proceso  de institucionalización que, a través de la existencia de un Secretariado, le dará una cierta  permanencia.

En la otra vertiente, el Congreso de Viena, como organizador de la paz y seguridad europeas,  iniciaría una etapa no menos espectacular. En la génesis del Congreso de 1815 se puede citar  un conjunto de tratados cuyo indudable contenido coyuntural de Santa Alianza bélica apuntaba,  sin embargo, a proyecto de ordenación estable de la sociedad europea, convirtiéndose en el  primer Congreso paneu-ropeo. Y ello por dos razones: de una parte, por la participación de  todos los Estados, grandes y pequeños en las negociaciones europeas. De otra parte, porque el  arreglo y solución de problemas particulares y específicos dependerá en gran medida de los  arreglos y soluciones elaborados a escala continental.

 Con el Congreso de Viena se instaura un gobierno de las Grandes Potencias de Europa no  sólo fáctico, sino también de iure reconocido como tal. TRUYOL ha señalado que todo el sistema  se organiza con base en la distinción de TAYLLERAND entre potencias de intereses generales y  potencias de intereses limitados. Sólo a las primeras compete la función directorial europea y  esa función directorial ha de entenderse en un doble sentido. Primero, necesidad de establecer  el equilibrio político europeo, amargamente roto por las tropas de Napoleón. El  restablecimiento del equilibrio tendrá ahora el nombre propio del Principe Mettenúch. Y es  que, como ha apuntado NAEF, «Metternich eleva a principio una necesidad política. Europa sólo  puede subsistir —así reza este principio— en el equilibrio de las potencias que la componen».
Pero, de otra parte, hay algo más: el equilibrio se entiende con una fuerza base aglutinante,  por una ideología común, una actitud antirevolucionaria. BOURQUTN ha señalado cómo es ésta una  idea rusa en su génesis. En las instrucciones secretas de Alejandro I a Novolsiltsov se  insiste en la conexión entre la forma en que los pueblos son gobernados y la paz en Europa. Si  bien las propuestas rusas son recibidas con cierta frialdad por los ingleses, esas ideas  quedan solapadamente recogidas en los tratados de la Santa Alianza, en los que vuelve a  insistirse en la Europa dinástica del Ancient Régime como adecuada forma de gobierno europeo.
Este proyecto ambicioso pronto mostraría su imposibilidad. Las cuatro grandes conferencias  entre 1815 y 1822 mostraron la incompatibilidad entre los intereses comunes y la razón de  Estado individualmente interpretada. Progresivamente se producirá una fisura ideológica en  Europa; de una parte, las tres potencias centrales —Rusia, Austria y Prusia— insistirán en la  concepción política anterior a la Revolución francesa. Frente a ellas, Inglaterra y Francia  adoptarán una política más liberal y acorde con la revolución en las concepciones políticas.
Pese a todas las expansiones y descubrimientos geográficos, Europa sigue siendo, durante todo  este período, el centro político mundial. Ciertamente, nuevas potencias se han sumado al censo  mundial de Estados. Son, esencialmente, los Estados americanos de recién adquirida  independencia e incluso los Estados Unidos aún demasiado débiles y jóvenes para transformar el  viejo centro, como soñara TOCQUEVILLE que algún día harían. Esos nuevos Estados, además, no  suponen ninguna convulsión: ellos, como Europa, participan en la misma comunidad de creencias  y valores. La unidad de una sociedad internacional de Estados cristianos se mantiene con toda  puridad. En todo caso, en paralelismo con el proyecto de organización europea supuesto por el  Concierto Europeo, los Estados Unidos instaurarán el sistema expresado por la doctrina Monroe  de aislar el continente americano de las contiendas europeas, erigiéndose en arbitro de las  apetencias europeas respecto de América, a la vez que en potencia hegemónica americana, única  en intereses generales frente a los intereses particulares de sus vecinos continentales.

 5. Simultáneamente con el proceso descrito, y consecuencia del mismo, puede hacerse un  esbozo de la creación y evolución de un concepto autónomo de Derecho internacional. Quizás en  la referencia al nacimiento del Derecho internacional deba hacerse un planteamiento en un  doble plano. De un lado, los precursores, que sobre la base de intentar solucionar los  problemas prácticos planteados, acertarán a poner las bases teóricas de nuestra disciplina. En  segundo lugar, los planteamientos de conjunto, el tratamiento sistemático del Derecho  internacional, no ya sólo como soluciones adhoc, sino con pretensiones de generalización y  validez universal. Esos precursores podían muy bien comprender, en esencia, desde VITORIA a  GROCIO y posiblemente sea GROCIO el punto de división, más por su escuela que por él mismo,  escuela  grociana que experimentará una perceptible división entre iusnaturalistas e  iuspositivistas, en clasificación funcional, puesto que, como ha puesto TRUYOL de manifiesto,  en algunos de sus seguidores cabría establecer una tercera tendencia, abnegada en el intento  de realizar la síntesis entre las dos posiciones señaladas.

 a) Más que hablar de VITORIA cabría referirse a una Escuela española de
Derecho internacional. En efecto, con ello aludiríamos al esfuerzo de los clásicos españoles  por dar una formulación nueva a la sociedad internacional, esfuerzo exigido por la  descomposición de la vieja idea del Imperio y por el papel protagonista de España. La  desaparición del Imperium mundi, unitario y jerárquico, no supuso la anarquía internacional en  la medida en que fue sustituido por la idea de una Societas gentium, punto mismo de partida de  VITORIA en su Relectio de indis. El fundamento de tal organización se encuentra en la  sociabilidad natural del ser humano y se deduce del derecho natural aplicado a las necesida
des de cada momento histórico. En VITORIA se acentúa una perspectiva teológica que será  continuada por Domingo de SOTO y Domingo YÁÑEZ, todos ellos dominicos.

 Menor acentuación teológica y mayor preocupación por el derecho natural encontrarnos  en los jesuitas Luis de MOLINA y Francisco SUÁREZ. TRUYOL ha caracterizado a estos autores por  la existencia de dos notas esenciales: una nueva síntesis teológica y filosófica entre el  acervo cristiano y las condiciones del pensamiento de la época y, en segundo lugar, la  tendencia a ampliar el ámbito del derecho natural en un viraje de la mentalidad teocéntrica a  la antropocéntrica como método de solución al reto de los nuevos problemas.

 Finalmente, con los dominicos Fernando VÁZQUEZ DE MENCHACA y Diego de COVARRUBIAS Y LEYVA, la escuela española adquiere unas perspectivas más científico-jurídicas que harán del  primero gran inspirador de GROCIO y conseguirán para el segundo el título de BARTOLO español.  Al margen de la escuela española, aunque profundamente influido por ella, cabe citar a los  italianos BELLI y, especialmente, GENTILI. Éste, de una gran formación civilista, utiliza una  técnica jurídica más depurada que la de la escuela española, lo que bien podría valerle el  título de predecesor del método positivista en Derecho internacional.

 b) Hay una característica común en todos los autores hasta ahora citados:
escriben con el objetivo práctico de solventar las cuestiones concretas que la política les  iba presentando. Habrá que esperar a Hugo GROCIO para que nos encontremos con el primer  tratamiento sistemático y global del Derecho internacional; por otra parte, en su De iure  belli ac pacis se produce una fundamentación de un Derecho internacional de validez general o  universal, mediante un proceso de secularización del Derecho natural. Se acentúa con él el  racionalismo, liberando al Derecho natural de la supremacía teológica y buscando en el Derecho  de gentes las notas de positividad. En sus orígenes, sin embargo, las preocupaciones de GROCIO  habían sido condicionadas. Su De mare liberum era la respuesta práctica de un jurista a la  pretensión hispano-portuguesa, igualmente política y práctica, de cerrar los mares y tierras  descubiertos por España y Portugal. Trascendiendo este concreto planteamiento, la ambición y  el mérito de GROCIO fue intentar una contestación global a la pluralidad de cuestiones que las  relaciones internacionales planteaban. De ahí que no sea en exceso injusto la consideración  que muchos tienen de GROCIO como padre del Derecho internacional.

 c) A partir de GROCIO puede afirmarse que toda la historia doctrinal del Derecho  internacional se ha escindido en tomo a la aceptación o el rechazo del Dere-cho natural como  fundamentación del Derecho internacional. Se puede hablar así de una tendencia iusnaturalista  y otra iuspositivista a partir del holandés GROCIO; en la primera línea pueden inscribirse  LEIBNIZ, PUFENDORF, WOLFF, VATTEL o MARTENS, mientras que la segunda tendencia vendría  representada por ZOUCH, BYNKERSHOEK o MOSER. Todos ellos, sin embargo, se caracterizarían por  su tratamiento sistemático del Derecho internacional.

 Para los iusnaturalistas, el iuspositivum, sólo puede ser expresión de la voluntad  superior de un legislador: como quiera que se puede verificar la inexistencia de un legislador  internacional, no puede hablarse de un iuspositivum internacional, sino sólo de un ius nature  et gentium. De esta forma, el Derecho de gentes no sería sino una parte de una ley natural que  rige todas las relaciones humanas, incluidas las internacionales.

 En los positivistas, la preocupación dominante es la exposición del Derecho de gentes  real y efectivo de la época, lo que conlleva abandonar la fundamentación iusnaturalista. Todos  estos autores, de forma genérica, se encuentran sometidos a una doble presión: de una parte,  la creencia clásica de que el Derecho de gentes no puede ser sólo producto de la voluntad  humana; de otra parte, está reciente en ellos la tendencia positivista de las teorías de  HOBBES y SPINOZA, por su concepción convencional en la formación de las sociedades. De ahí la  conclusión de elaborar un Derecho internacional basado en la razón o en concepciones u  opiniones subjetivas propias, proponiéndose únicamente determinar cuáles sean sus normas,  consuetudinarias o convencionales, que los Estados observan en la práctica.

C)   SOCIEDAD INTERNACIONAL DE ESTADOS CIVILIZADOS

 1. Desde fines del siglo XVIII se registra una expansión del sistema europeo de  Estados, en virtud de las independencias de los Estados Unidos (1776), seguida con prontitud  por Haití (1804), y las colonias españolas, en cascada independentista entre 1808 y 1825.  Interesa, sin embargo, poner de manifiesto que la expansión de la sociedad internacional de la  primera mitad del siglo XIX se limita a experimentar un crecimiento horizontal que en poco  afecta al desarrollo de la sociedad internacional de su tiempo, por la participación en los  mismos valores y pautas de comportamiento.

 Si bien América se sustrae a los designios del Concierto Europeo y crea una realidad  política que expande el sistema de Estados, hasta entonces europeos, esa expansión en nada  afectaba la catalogación de Estados de civilización cristiana. La idea básica, las  concepciones mínimas, siguen siendo idénticas, aunque sus plasmaciones políticas encuentren  divergencias notables. Como afirmaTRUYOL, el Nuevo Mundo, cualquiera que sea su originalidad  en relación con el Antiguo, salió orgánicamente de éste. Incluso la ruptura que supone la  emancipación tuvo lugar en un contexto de interdependencia con relación a la situación  europea. Y, dejando de lado determinados rasgos particulares, debidos a las circunstancias  históricas... el derecho internacional entonces en vigor, el derecho público de Europa, fue  recibido en sus principios fundamentales. Podemos añadir que con el tiempo los contrastes más  importantes del comienzo se atenuaron poco a poco.»

 2. Desde este punto de vista, la ampliación de la sociedad internacional en virtud de  las independencias americanas, apenas si puede considerarse algo más que una expansión  horizontal, mero crecimiento cuantitativo. Sin embargo el siglo XIX introducirá otras  modificaciones, otros crecimientos que impondrán la necesidad de replantear, incluso, la  denominación de la sociedad internacional.

 á) Éste es el caso de Turquía, que gozaba de una evidente personalidad jurídica que la  capacitaba, aun en sus momentos de decadencia, para relacionarse con el sistema de Estados  cristianos. Pero la visión eurocéntrica que la sociedad cristiana tenía implicaba que, en  alguna medida, su subjetividad jurídica internacional hubiera de considerarse mediatizada o  relativa. En 1856, sin embargo, se producirá un cambio esencial. Ese año, en París, se firma  el Tratado General de Paz entre Austria, Cerdeña, Francia, Gran Bretaña, Prusia y la Puerta  Otomana, por el que se pone fin a la guerra de Crimea. Por el artículo VII de dicho tratado,
«Su Majestad el Emperador de los Franceses, Su Majestad el Emperador de Austria, Su Majestad  la Reina del Reino Unido de la Gran Bretaña y de Irlanda, Su Majestad el Rey de Prusia, Su  Majestad el Emperador de todas las Rusias, y Su Majestad el Rey de Cerdeña, declaran la  Sublime Puerta admitida a participar en las ventajas del derecho público y del concierto  europeos. Sus Majestades se comprometen, cada una por su parte, a respetar la independencia y  la integridad territorial del Imperio Otomano; garantizan en común la estricta observancia de  este compromiso y, en consecuencia, consideran cualquier acto que lo amenace como una cuestión  de interés general.»

 No se trataba, sin duda, de concesión graciosa de subjetividad plena a Turquía, sino  de la necesidad de incluir a Turquía en el sistema del Concierto Europeo ante sus debilidades  en el Mediterráneo oriental. Pero, de una u otra forma, se registra una expansión que es algo  más que puramente cuantitativa. Turquía será considerada desde ese momento partícipe del  derecho público europeo y sus problemas cuestiones de interés común de todos los Estados  europeos.

 6) Un fenómeno paralelo se registra en el caso de Japón. China y Japón habían  observado, entre sorprendidos e indignados, la progresiva penetración de las potencias  occidentales. Pero mientras la postura china sería de mera resistencia, retirada y continuado  aislacionismo, cerrada e impenetrable ante el dato evidente de su manifiesta inferioridad,  Japón, por el contrario, había de adoptar otra actitud. Tras el Tratado de Kanagwa, el 31 de  marzo de 1854, impuesto por la escuadra americana del almirante Perry, en todo similar al  Tratado de Nankín, de 29 de agosto de 1842, entre China y Gran Bretaña, Japón se vio obligado  a la apertura de puertos convencionales con Occidente. Se inicia en Oriente la técnica de los  tratados desiguales, expresión jurídica de una hegemonía ante la que parece inútil la  resistencia o la simple negociación.

 China no fue nunca convertida en colonia occidental, sin duda por la existencia de dos  causas: su enorme extensión y la distancia respecto de las posibles metrópolis disuadían una  colonización intensa, pese a la debilidad interna del régimen chino y lo diluido de su poder  tras la primera guerra del opio. En segundo lugar, la misma rivalidad de las potencias  occidentales, sus recelos mutuos, impidió la necesaria hegemonía para lograr esa finalidad. A  partir de 1862, China intenta realizar planes sucesivos de industrialización que puedan  equipararla a las potencias occidentales o a su rival asiático, Japón, ya adelantado en esos  planes. Pero, como señalan FRANKE y TRAUZETTEL, «la nueva política era, predominantemente, un  juego de fuerzas conservadoras incapaces de comprender en lo más mínimo la base socio- económica de las potencias occidentales, de modo que no podía orientar en absoluto ninguna  transformación decisiva». Tras la derrota en la guerra con el Japón y su subsiguiente paz  humillante, en 1895, continúan afirmando los citados autores, «la élite burocrática china se  encontró ante la alternativa de refugiarse en el tradicionalismo o extraer de la amarga  lección que acababa de recibir la conclusión de que las medidas de modernización hasta  entonces adoptadas habían sido erróneas desde sus comienzos». Y, desgraciadamente para China,  la dinastía manchú elegiría la primera alternativa.

 En Japón, por el contrario, tras la sorpresa que el almirante Perry produjera, con las  reformas constitucionales de 1868 se pusieron los fundamentos para la creación de un Estado  moderno. En 1868 los dirigentes japoneses inician reformas por las que la política de gobierno  se basaría en un amplio consenso, los individuos perseguirían la realización de sus  aspiraciones personales, el Estado y los intereses nacionales se antepondrían a todo y,  finalmente, las prácticas occidentales desplazarían a los milenarios esquemas y costumbres del  pasado. Todo ello fue seguido del fortalecimiento del poder central, acabando con el  tradicional feudalismo interno y, en apenas veinte años, se asimiló la técnica de la  diplomacia occidental, de la negociación internacional y de la defensa puramente nacional.
precisamente es esta celeridad para conectar con el tempus occidental lo que más poderosamente  llama la atención en el inicio de la historia moderna del Japón. Ese récord los llevaría a  que, como afirma HALL, «entre 1871 y 1894 los dirigentes japoneses se concentraron en dos  objetivos principales: primero, el de definir y asegurar la posición internacional del Japón  en términos del lenguaje diplomático interno, y, segundo, alcanzar la revisión de los llamados  tratados injustos».

 En 1876 los japoneses doblegaban Corea utilizando la misma táctica occidental de las  cañoneras. En 1894 infligían a China una dura derrota que hacía que los occidentales empezaran  a ver en Japón un igual a ellos, hasta el punto de provocar, en 1895, la intervención de  Francia, Prusia y Rusia en la península china de Liaotung, con la finalidad de bloquear las  conquistas japonesas. En 1902 firmaban un tratado de alianza con Gran Bretaña, explícito  reconocimiento de su igualdad. La ratificación vendría determinada con el ataque japonés a  Port Arthur y la derrota rusa en dos años. Por primera vez en la historia moderna, una  potencia europea era humillada por alguien ajeno al sistema de Estados cristianos. En  cualquier caso, la realidad política de Japón y, en menor grado, del inmenso continente chino,  había de ser reconocido como una realidad efectiva, como elementos de hecho en la futura  concertación y búsqueda de cualquier proyecto de orden internacional.

 c) Las victorias japonesas sobre Rusia, en 1904 y 1905, habían de iniciar el
desencadenamiento de un proceso de consecuencias vitales: el 9 de enero de 1905,
con la matanza en la marcha hacia el Palacio de Invierno, se inicia una etapa en
la que Rusia experimentaría agitaciones que si, en un principio, no podrían sino
considerarse como planteamiento y exigencias del principio de las nacionalidad
des, problema ya resuelto en la mayoría de los países occidentales, pronto habría
de llegar a convertirse en enfrentamiento de índole muy diversa, ante la cerrazón
zarista. CHAMBERLIN ha podido afirmar que los sucesos de febrero de 1917 han
sido una de las revoluciones más espontáneas, más anónimas y más acéfalas de
todos los tiempos, pero el 25 de noviembre aquella confusa situación había tomado derroteros  tan definitivos que condicionarían en el futuro la evolución de toda la sociedad  internacional.

 d) Estas indicaciones en bosquejo en torno a Turquía, Japón, China y Rusia,
permiten señalar que la calificación de cristiana a una sociedad internacional con
tan importantes elementos innovadores había de resultar necesariamente obsoleta. La disparidad  cultural, religiosa o, simplemente, política hacía necesaria la atribución de un término  definitivo más correcto. Y ese término sería encontrado gracias a los elementos básicos  existentes en las aportaciones de los nuevos países aceptados en la sociedad internacional, e  incluso en lo que de ruptura existió en la Rusia revolucionaria: la sociedad internacional de  Estados civilizados. Al margen de los mismos existía otro mundo, el de los pueblos  semicivilizados o el de los pueblos bárbaros: respecto de los primeros los países europeos  impusieron regímenes de capitulaciones por los que las potencias europeas protegerían su  existencia, pero que imponían a estos Estados importantes limitaciones a su soberanía.  Respecto de los pueblos no civilizados o bárbaros, nada limitaba la expansión colonial de
Europa: de conformidad con el Acta Final del Congreso de Berlín, en 1885, esta expansión  quedaba limitada por dos requisitos, el de la ocupación efectiva y la notificación a las demás  potencias coloniales, pero, como ha escrito el profesor CARRILLO, «el comportamiento de las  metrópolis con respecto a los pueblos sujetos a colonialismo era de su única competencia y,  por tanto, una cuestión regulada por los respectivos ordenamientos jurídicos internos de las  Potencias coloniales, salvo las eventuales limitaciones que normas internacionales  convencionales  podían introducir. Entre ellas destacan la libertad de comercio y de  navegación  para los signatarios del Acta de Berlín de 1885, y las limitaciones de alcance  humanitario introducidas con la prohibición de la esclavitud, como las del Tratado de
Londres de 1841 y el Acta General de Bruselas de 1890, sobre la supresión de la trata de  esclavos.»

 3. En perfecta correlación con el desarrollo y expansión de la sociedad internacional,  los tratadistas del Derecho internacional van a proceder a la elaboración teórica de un  Derecho internacional de los Estados civilizados, tendencia aún mas marcada en autores de  índole positivista. Así, HEFFTER, al preguntarse si existía un Derecho público externo  universalmente reconocido, contestaba, apoyándose en LEIBNIZ, MONTESQUIEU y PÜTTER: «No,    Jamás ha existido en todas las Naciones semejante Derecho. Sólo en determinadas  regiones del globo es donde se ha desarrollado: sólo en nuestra Europa cristiana y en los  Estados por ella fundados, es donde ha obtenido el universal asentimiento, de modo que se le  ha dado con justa razón el nombre de Derecho europeo.» Diferente fundamentación establece  MARTENS al escribir que «el Derecho internacional contemporáneo es el resultado de la vida  civilizada y del conocimiento que del Derecho tienen las naciones de Europa. Según demuestra  la historia, las condiciones esenciales del orden jurídico internacional (tales como la  persecución común del mismo fin social y la comunidad de miras respecto a las costumbres y al  Derecho) se han dado por de pronto en Europa y, hasta el día, distan mucho de existir en todos  los Estados del globo. Sigúese de aquí que la acción del Derecho internacional sólo se  extiende a las naciones que reconocen los principios fundamentales de la civilización europea  y son acreedoras al nombre de pueblos civilizados.» Ello le llevaba a rechazar la postura de  BLUNTSCHLI al afirmar la universalidad del Derecho, pues «cosmopolitismo tan noble y elevado  priva al Derecho internacional de total significación práctica y lo transforma en una serie de  reglas jurídicas ideales, irrealizables en la actualidad».

 Entre nosotros, el antiguo catedrático de Granada, TORRES CAMPOS, afirmará que «el  Derecho internacional contemporáneo es el resultado de la vida civilizada y del conocimiento  del Derecho de las naciones europeas... Las condiciones sociales y políticas en que viven los  pueblos musulmanes y las poblaciones paganas y salvajes, hacen imposible la aplicación del  Derecho internacional á las relaciones con estas naciones bárbaras ó medio civilizadas.» Y  podríase seguir, en esta línea, exponiendo las opiniones de KLÜBER, OLIVART, BONFILS,  DESPAGNET, RIVIER, LORIMER, KENT, Twiss, WHEATON, PHILIMORE, HALL, WESTLAKE, etc., pero  excusaremos tan exhaustiva enumeración; la intención de esta relación no sería sino la  insistencia en la interpretación histórica de ROLING, TRUYOL o CARRILLO, que reflejamos en  estas páginas. Baste añadir que el mismo Instituto de Derecho internacional se planteará, en  1877, el problema de la Applicabilité du droit des gens européen aux nations orientales,  siendo enconado escenario del enfrentamiento entre dos concepciones: la restrictiva, en el  sentido de los párrafos anteriores expuestos, y otra universalista, en línea con las ideas  clásicas de los fundadores del Derecho de gentes.

 Con todo, nada de esto apunta a que no se reconozcan relaciones entre las naciones  civilizadas y las no civilizadas. Así MARTENS escribirá que «no puede decirse que las  relaciones de hecho entre pueblos civilizados y salvajes estén completamente fuera de la  esfera jurídica. Por otra parte, creemos que deben someterse a las prescripciones del Derecho  natural, es decir, de un conjunto de principios determinados que se derivan de la naturaleza  moral y de la razón humanas. El Derecho natural exige que la palabra empeñada se cumpla  lealmente; que la vida, honra y propiedad ajenas sean respetadas, y que los malos instintos  cedan el puesto a los sentimientos nobles.» .
 
 PHILIMORE apunta a una unidad última, a la universalidad esencial del Derecho de  gentes cuando afirma que, gracias a la influencia del Derecho natural sobre el Derecho  internacional, «la aplicación de éste no queda limitada a las relaciones entre los pueblos  cristianos, y aún menos, como se ha dicho en ocasiones, entre las naciones europeas, sino que  subsiste en las relaciones entre pueblos cristianos y paganos, e incluso en las de los pueblos  paganos entre sí, aunque de forma más vaga e imperfecta que entre las comunidades cristianas».  De las palabras de PHILIMORE interesa destacar dos rasgos: el primero de ellos es el relativo  a la unidad de la humanidad. De esta forma, incluso para un autor como KENT, para quien  resultaba indubitable la mayor veracidad de las doctrinas de los países civilizados, «el  derecho internacional, en cuanto está de acuerdo con los principios de justicia, verdad y  humanidad, obliga igualmente en toda época y a toda la humanidad». En segundo lugar, PHILIMORE  acentuará la mayor precisión de esos principios respecto de los cristianos y civilizados.

 Aún en 1913 VON LISZT conceptuaba el Derecho internacional como un conjunto de reglas  jurídicas que determinaban los derechos y deberes recíprocos de los Estados que pertenecían a  la comunidad de Estados (comunidad del Derecho de gentes), en lo que concernía al ejercicio de  sus derechos de soberanía. Ahora bien, en su concepción, la «comunidad del Derecho de gentes o  familia de naciones» se determinaba por su participación en una conciencia jurídica común  basada en la comunidad de civilización y de intereses, manifestándose por un comercio jurídico  permanente sobre el principio de la igualdad de derechos. Los demás Estados, a los que con  terminología suavizada denominaba Estados semicivilizados, no formaban parte de esa comunidad  sino en la medida en que tuvieran tratados concluidos con los Estados civilizados. Finalmente,  concluirá VON LISZT, en sus relaciones con los Estados semicivilizados, en todas las  cuestiones que no estuvieran convencionalmente reguladas y, de otra parte, en la totalidad de  sus relaciones con las colectividades no civilizadas, la comunidad internacional podía  prevalerse de su potencia de hecho, no estando vinculada más que por principios de orden  moral, producto del sentimiento cristiano y del sentimiento de humanidad. En resumen, VON  LlSZT hace una enumeración de los cuarenta y tres Estados civilizados que forman la Comunidad  internacional (veintiuno europeos, veintiuno americanos, y Japón). China, Persia, Siam,  Afganistán, Bután, Nepal, los Estados árabes, Liberia y Etiopía se encontrarían en ese estadio  de semicivilización que les hace acercarse en alguna medida a la comunidad internacional en  sentido propio.

 Todavía encontraremos en el Pacto de la Sociedad de las Naciones, en el Estatuto de la  Corte Permanente de Justicia Internacional, en la misma Carta de las Naciones Unidas y en el  Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, todos ellos instrumentos jurídicos elaborados  en el siglo XX, ciertas reminiscencias de la distinción respecto del grado de civilización. En  los albores del siglo xxi, toda calificación del tipo de sociedad es inadmisible si tiene como  efecto una mediatización del derecho de participación de todos los Estados en la misma.  Diferente será que, como se examinará en la cuarta lección, determinadas desigualdades de  hecho puedan determinar intensidades diferentes en los derechos y deberes de los Estados,  siempre y cuando esas diferenciaciones estén previstas jurídicamente y resulten motivadas por  un proyecto de mejor organización de la sociedad.

 Ahora bien, aún hoy día puede percibirse una cierta tendencia a mantener los viejos  criterios: no es inusual que se considere, en la sociedad internacional universal actual,  algún tipo de persistencia en la diferencia entre pueblos civilizados, bárbaros y salvajes.  Desde una perspectiva jurídica, tal pretensión es absolutamente inaceptable; sin embargo, la  comprobación de la aceptación o no aceptación de los diferentes Estados de ciertas  obligaciones de Derecho internacional puede llevar a conclusiones temerariamente próximas a  las clasificaciones mencionadas.

D)LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SOCIEDAD INTERNACIONAL

 En 1945 se creó la organización mundial por excelencia, la Organización de Naciones  Unidas, que nace con cincuenta y un Estados, la práctica totalidad de Estados existentes en el  mundo en aquel momento, que son reacios a cualquier crecimiento, que no podría sino ser  básicamente el resultado del acceso a la independencia de territorios sometidos a dominación  colonial.

 Esa Organización, heredera indiscutible de la Sociedad de Naciones, se encuentra  lastrada, sin duda, pero también aleccionada por las experiencias previas. No pretendió en sus  inicios, como tampoco lo pretendieron los Estados, romper con la tradición colonial. En  efecto, valgan como ejemplo las palabras de Sir Winston CHURCHILL, en 1942: «Si soy el Primer  Ministro del Rey no es para presidir la liquidación del Imperio Británico», en claro contraste  con las de Harold McMiLLAN, en 1960: «El viento del cambio sopla a través de todo el  continente... Dudémoslo o no, este desarrollo de la conciencia nacional es una realidad  política. Debemos aceptarlo como tal realidad.»

 Múltiples razones pueden aducirse en explicación de este fenómeno de cambio radical.  SÉKOU TOURÉ, apóstol de la descolonización, afirmará en diciembre de 1959: «no dividimos el  mundo en Este y Oeste. Lo dividimos simplemente en dos campos: el imperialismo y el  antiimperialismo. En consecuencia, juzgamos a los Estados según su posición concreta sobre los  problemas coloniales, por su voto en las organizaciones internacionales, y por su actitud  respecto a los problemas cruciales de África. Por ello afirmamos tajantemente que no existen  dos puntos en la brújula, el Este y el Oeste, sino cuatro. Existe una parte del mundo que es  independiente y conoce la libertad; y otra parte que es dependiente y no conoce sino la  esclavitud colonial. En consecuencia, la cuestión se reduce a saber si un país toma posición a  favor o en contra de la independencia de esta segunda parte del mundo.»

 ¿Cuál era la posición de los respectivos bloques ideológicos en la nueva  confrontación? PÉREZ VERA ha señalado con razón, respecto a la Unión Soviética, que ésta  estaba compelida a mantener una posición anticolonialista, «tanto desde el punto de vista  doctrinal como pragmático. Si el acceso al poder del partido comunista ruso fue seguido de la  proclamación de que "la revolución bolchevique aportaba a todos los pueblos de todas las zonas  coloniales y dependientes un aliado y un amigo", y de la promesa de Lenin de que la política  futura del gobierno soviético se dirigiría hacia la liberación de las naciones de la opresión  exterior, todo ello respondía a enunciados claves de la doctrina marxista. Pero al mismo  tiempo, era evidente que cualquier atentado a las colonias suponía un serio peligro para la  economía y el poder político de las potencias europeo-occidentales.»

 Algo similar cabe decir de los Estados Unidos, siguiendo a la misma autora: «de otra  parte, los Estados Unidos, aunque deseosos de la recuperación de la Europa occidental, no  podían traicionar abiertamente su larga tradición anticolonialista que, siendo ellos mismos  una antigua colonia, habían desarrollado desde la fecha de su independencia». No se oculte  tampoco que los Estados Unidos tenían intereses propios en el aliento a la autodeterminación:  sus corrientes doctrinales, sus principios liberales y su imperialismo económico verían con  agrado el nacimiento de los nuevos pueblos, con la pretensión de que se inspiraran en sus  mismos principios, a la vez que se implicaba el nacimiento de nuevos mercados. De esta forma  el anticolonialismo americano inspiraba el neocolonialismo.

 Otra interpretación dejaría sin contestación la siguiente pregunta: ¿hasta qué punto  la postura soviética —suficiente para conseguir la unificación de Occidente en contra— y la  abstención idealista de los Estados Unidos podían implicar la caída de los imperios coloniales  europeos? Cabría intentar una respuesta como la de MIAJA, al afirmar que «la descolonización  se impulsaba a sí misma, en el sentido de que cada país que lograba su independencia venía a  constituir un voto más en la Asamblea de la ONU para cuantas propuestas tendiesen a acelerar  la manumisión de los pueblos que en aquel momento estaban sometidos a la situación de  colonias, protectorados o administraciones fiduciarias».

 En mi opinión, todos los factores anteriormente apuntados influenciaron el proceso  descolonizador, pero ninguno de ellos habría surtido efecto, sin una tendencia favorable hacia  la descolonización por parte de las metrópolis coloniales. Convencidas las viejas metrópolis  de que la descolonización, aun con los riesgos de contradicción económica, podía rendir frutos  positivos, dejarían a un lado oposiciones automáticas para calibrar las ventajas a obtener del  proceso. De esa forma, la independencia colonial se convertía en un fenómeno superestructural  que en nada tenía que afectar a las estructuras de base. El anacronismo colonial cedía paso a  las ventajas del neocolonialismo, éste de un contenido económico que abarataba los costos, aun  sacrificando viejas ideas imperiales.

 No es pues de extrañar que ya en 1960, y sin votos en contra, la Asamblea General de  las Naciones Unidas adoptara la Resolución 1514 (XV), en dos de cuyos párrafos dispositivos se  establecía: «La sujeción de pueblos a una subyugación, dominación y explotación extranjeras  constituye una denegación de los derechos humanos fundamentales, es contraria a la Carta de  las Naciones Unidas y compromete la causa de la paz y de la cooperación mundiales.
La falta de preparación en el orden político, económico, social o educativo no deberá servir  nunca de pretexto para retrasar la independencia.»

 Así, interpretando de forma progresiva la Carta de las Naciones Unidas, poco clara en  este sentido en su tenor literal, la Corte Internacional de Justicia afirmaría, en su dictamen  de 21 de junio de 1971, en el asunto sobre las consecuencias jurídicas de la continuada  presencia de Sudáfrica en Namibia (1971) que «los últimos cincuenta años han supuesto una  evolución importante. Debido a esta evolución, no hay duda que "la misión sagrada de  civilización" tenía por finalidad última la autodeterminación y la independencia de los  pueblos».

 La organización mundial, frase feliz con que VIRALLY denominaba a las Naciones Unidas,  ha visto radicalmente remodelada su composición. El cambio no necesitaría de mayor reflexión  si se tratara de un mero salto cuantitativo. Lo más importante, con todo, es el cambio  cualitativo: en 1945, el juego de la mayoría simple o de la mayoría cualificada lograba un  automatismo pro-occidental, lo que implicaba que el tema predominante en Naciones Unidas, bajo  una u otra forma, mera el de la guerra fría; a partir de 1960 se producirá un vuelco en la  situación: la nueva mayoría simple, determinante de los asuntos a tratar, será afroasiática.  Los elementos comunes de la nueva mayoría serán la descolonización y el sub-desarrollo, y en  ese tema fueron coadyuvados por la coincidencia de los intereses latinoamericanos,  marginándose el tema de la guerra fría. El cambio cualitativo, en resumen, supuso una  reordenación de los intereses esenciales de la sociedad internacional.

 Pero la sociedad internacional ha experimentado un proceso de crecimiento distinto a  la incorporación de extensos territorios como resultado de la descolonización producida  predominantemente en los años sesenta y setenta: se ha asistido a un diferente tipo de  crecimiento, éste más cuantitativo que cualitativo, provocado por la descomposición de Estados  previamente existentes; parece como si el viejo ideal del Estado hubiera cumplido su ciclo y,  en consecuencia, territorios componentes del mismo hubieran optado por constituir su propia  estatalidad, o bien que se estuviera produciendo un ajuste de ancianas fronteras estatales,  forzadas por presiones exteriores, y se reivindicara la reformulación de las fronteras y la  creación de nuevos Estados que, en puridad, no suponen una ampliación del ámbito de la  sociedad internacional. Tal es el caso de la pacífica disolución de la antigua Checoslovaquia,  del proceso de descomposición, menos traumático de lo previsible, de la antigua URSS, de la  menos pacífica constitución de Eri-trea o de la dolorosa y sangrienta disolución de la  República Federativa Socialista de Yugoslavia, que ya ha dado lugar a la constitución de cinco  Estados independientes reconocidos (Bosnia-Herzegovina, Croacia, Eslovenia, la antigua  República Yugoslava de Macedonia y Yugoslavia), uno en vías de constitución (Kosovo) y quién  sabe si dos más en ciernes (Montenegro y Serbia), como elementos de la práctica que  difícilmente nadie se atreve a reseñar como casos únicos o el inicio de una inacabable senda.

 Quizás demasiados actores con pretensiones de soberanía, independencia e igualdad. Es  por ello que en los últimos años haya sido posible asistir a un nuevo cambio en la escena  internacional: el mundo de los viejos Estados, insatisfechos con la política de enfrentamiento  y confrontación que los nuevos Estados surgidos de la descolonización realizaban en los foros  de las organizaciones internacionales, ha procedido a una des legitimación interesada de  aquellas organizaciones, o de aquellos órganos de aquellas organizaciones, en las que no  pueden hacer prevalecer sus posiciones o salvaguardar sus intereses. En alguna medida, los  viejos Estados, resistiéndose al proceso de universalización de la sociedad internacional, en  la que ya no se exige más credencial de entrada que la estatalidad a secas, han buscado formas  de mantener la privilegiada posición de antaño, sin impugnar directatamente las reglas del  juego democrático de «un Estado, un voto», rechazando a la vez el tan costoso proceso de  socialización internacional de los problemas. En última instancia, la multiplicación del  número de Estados aceptados en las Organizaciones internacionales, casi por cuatro en el  último medio siglo, ha vuelto a poner de manifiesto la renuencia de los Estados del ayer a  considerar como auténticos sujetos del Derecho internacional y actores de su sistema a  entidades que, por dimensión territorial, población, o criterios de orden militar, político o  económico, consideran micro-Estados, no susceptibles de reclamar con plenitud la subjetividad  internacional.

2.    ESTRUCTURA BÁSICA DE LA SOCIEDAD INTERNACIONAL
A)     UNA SOCIEDAD INTERNACIONAL EN CIRCUITO CERRADO

 La absoluta universalidad de la sociedad internacional, característica de ésta sólo a  partir del último tercio del siglo XX, implica la entrada de un sistema de relaciones  internacionales y, por ende, de Derecho internacional, hasta ahora desconocido. La  participación en la sociedad internacional en anteriores etapas históricas exigía que sus  miembros reunieran determinados requisitos, como fueron la adscripción al mundo de Estados  cristianos o, más recientemente, la participación en unas concepciones de organización  política y de civilización. En el siglo XX la sociedad internacional se mundializa y ya no se  exige, para formar parte de la misma, con los derechos inherentes a ello, más que gozar de la  estatalidad, entendida ésta de forma lo suficientemente amplia como para dar cabida a Estados  cuya cohesión u organización política no acepta criterios de comparación con los tra- dicionalmente proclamados en el mundo de los Estados del siglo xix.

 La universalidad tiene implicaciones hasta ahora desconocidas: básicamente en  anteriores etapas el mundo estaba constituido por diferentes subsistemas de relaciones  escasamente interrelacionados entre sí. Por ejemplo, los Imperios de Extremo Oriente eran  subsistemas encapsulados, con casi nulas relaciones con el exterior; de la misma forma, el  conjunto de Estados americanos, con la excepción de los Estados Unidos, que pronto empezaron a  tener concepciones globales de relación internacional, se limitaban al desarrollo de  relaciones prácticamente en exclusiva dentro del propio sistema. Incluso podía ocurrir, así  aconteció con el conjunto de los Estados europeos, que si el subsistema generaba  contradicciones, estas contradicciones intentaran ser superadas gracias a la existencia de  otros subsistemas: esencialmente el Congreso de Berlín de 1885 consiguió atenuar los  enfrentamientos en Europa gracias al drástico reparto de África.

 Ello quiere decir que los problemas ahora se desarrollan en circuito cerrado. Ha  señalado MERLE que «los inputs que afectan al sistema (por ejemplo, la presión demográfica, la  difusión de las ideologías, la aspiración al bienestar y al desarrollo) parten de puntos  diferentes situados en el interior del sistema (lo que autoriza a hablar de entorno interno);  en cuanto a los outputs, es decir, las reacciones del sistema, ya no podrán, como ocurrió  frecuentemente en el pasado, escapar a la cadena de retroacción, trasladando a otros las  cargas necesarias para la satisfacción de sus exigencias. En otras palabras, el sistema  internacional, debido al hecho de su carácter global y cerrado, ya no puede exportar sus  contradicciones. Está obligado a asumirlas él mismo; lo cual somete a cada una de sus unidades  constitutivas a una presión mucho más fuerte que en el pasado.»

 Frente a la posibilidad histórica de exportar las contradicciones a zonas foráneas, la  globalización de la sociedad internacional, su carácter de sistema finito, supone la necesidad  de que el propio sistema internacional, ahora universal, digiera sus propias contradicciones.  En la medida en que ello siempre resulta difícil, el sistema internacional universal ofrecerá  resistencia a la asimilación y, con ello, crispación. Pero, a la vez, las soluciones que  quieran dar no podrán consistir en un aplazamiento o disfraz de las respuestas, sino en  auténticas soluciones.

 La universalización, entendida como el hecho de que ya no existen elementos extraños  al sistema, ha venido acompañada de un segundo dato: la interdependencia de todos los factores  entre todos los actores del sistema mundial. Hoy no es posible aislar factores intervinientes  en las relaciones internacionales como si fueran variables independientes susceptibles de  solución particularizada; una elevación de los niveles de vida en una determinada zona del  planeta exige de inversiones cuantiosas en desarrollo agrícola, industrial y tecnológico, que  no es posible por el esfuerzo único de los habitantes de esa zona, sino que exigirá  inversiones económicas desde el exterior que se distraen de otra zona: pero, a su vez, ese  desarrollo no es un factor independiente, pues su éxito gravitará con un mayor nivel de  competencia con otros productores o, en otro orden de cosas, se añade como un factor más que  incida de forma significativa en, por ejemplo, el agotamiento de los recursos naturales o el  incremento de los índices de contaminación a escala planetaria. En expresión popularmente  acuñada, el vuelo de una mariposa en Asia puede ocasionar un tornado en Centroamérica. La  finitud del sistema, en efecto, ha puesto de manifiesto la interdependencia de los factores:  una crisis energética en una parte del mundo puede dar lugar a una crisis económica en otra, a  una revolución tecnológica en un tercer lugar, y aun a una crisis demográfica en una cuarta  zona, provocando todo ello una crisis política generalizada. La interdependencia implica el  condicionamiento mutuo de los respectivos factores que constituyen la vida de relación  internacional.

 En la década de los setenta se iniciaron de forma sistemática estudios cuyos objetivos  eran el análisis de la situación del planeta en su conjunto, sin detenerse en análisis  parciales forzados por las divisiones artificiales que suponen las fronteras políticas. A raíz  de dichos análisis se ha podido señalar que existen ciertos motivos serios de preocupación  sobre el futuro del planeta. En efecto, si se mantuvieran las tendencias de crecimiento de la  población mundial, la industrialización, la contaminación ambiental, la producción de  alimentos y el agotamiento de los recursos, este planeta podría alcanzar los límites de su  crecimiento en algún momento no muy lejano en el tiempo. Estos peligros no son inevitables,  sino que son susceptibles de manipulación, al menos en una doble dirección: bien en la de  retrasar lo más posible el momento crítico, bien en la de planificar un crecimiento y  desarrollos sostenibles. Desde luego, las soluciones no son mágicas ni funcionan por sí solas,  sino que exigen un denodado esfuerzo para su consecución. Los Estados, cerrando los ojos a una  realidad evidente y comportándose como si la amenaza no se cerniera sobre el futuro, actúan  inconscientemente entre la irresponsabilidad y el temor. Olvidan los riesgos del mañana para  engancharse a la subsistencia de hoy. Explosión demográfica, crecimiento exponencial de los  costos de la industrialización, limitación en la producción de alimentos, agotamiento  acelerado de los recursos, tanto vivos como minerales, así como crecimiento de la  contaminación ambiental, podrían garantizar que la irresponsabilidad de hoy diera lugar a las  crisis del futuro.

 Una sociedad internacional universal, finita o acabada y globalizada, sin embargo, se  encuentra regida por normas inalteradas: no se ha producido de forma paralela un cambio en el  reparto de los índices y centros de poder previamente establecidos. Esos índices y centros de  poder continúan siendo controlados por viejos Estados pertenecientes a la sociedad  internacional de Estados civilizados, creando la natural insatisfacción y produciendo la  subsiguiente tensión. La democratización, en el sentido de reparto de índices de poder,  resulta imposibilitada por la subsistencia de dos desigualdades básicas: la política y la  económica. El club de Estados es, por primera vez, un club abierto a todos los habitantes y  territorios del planeta, pero la dirección del club sigue perteneciendo en exclusiva a la  antigua directiva de Estados civilizados, provocando dos tendencias odiosas: de una parte,  las reglas del club se han fortalecido, como forma de mantenimiento del mismo, no  permitiéndose ninguna modificación que pueda suponer transformación sustancial de la  situación; de otra, un número importante de miembros es perfectamente consciente de que sólo  es posible mantener niveles mínimos de relación internacional perteneciendo al club, sin  impugnaciones básicas o ruptura de las reglas de juego; pero la permanencia en el club no les  supone, de hecho, ventajas perceptibles, salvo la vaga promesa de mejorías en algún lejano  futuro.

B)     LA DESIGUAL DISTRIBUCIÓN DEL PODER POLÍTICO

 1. La sociedad internacional está constituida, en efecto, por todos los Estados de la  sociedad internacional. Desde una perspectiva exclusivamente jurídica y sin paliativos, se  afirma el dogma de la igualdad soberana de todos los Estados. De conformidad con la Resolución  2625 (XXV), de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que recoge y desarrolla normas de  Derecho internacional general, «ningún Estado o grupo de Estados tiene el derecho de intervenir directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. Por lo tanto, no solamente la intervención armada, sino también cualesquiera otras formas de injerencia o de amenaza atentatoria de la personalidad del Estado, o de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen, son violaciones del derecho internacional.» Además,«todos los Estados gozan de igualdad soberana. Tienen iguales derechos e iguales debe res y son por igual miembros de la comunidad internacional, pese a sus diferencias de orden económico, social, político o de otra índole.» __ 
 
 Estas afirmaciones, sin embargo, pueden ser calificadas, en algún sentido, y como igualmente ocurre con semejantes afirmaciones en los derechos internos, de auténticas ficciones jurídicas, en un doble aspecto: por una parte, porque el Derecho internacional, pese al proceso de universalización antes descrito, no ha procedido a una igual atribución de derechos y deberes políticos entre los Estados y porque incluso el más somero análisis de la realidad social va a mostrarnos la desigualdad básica de los Estados en la medida en que parte de la maquinaria de arreglo pacífico de controversias, de comprobación de los niveles de  cumplimiento del Derecho internacional por los mismos, o de sanción de sus violaciones,  parece excluir de sus procedimientos, o al menos atenuarlos, cuando se trata de su aplicación  a ciertas categorías de Estados excepcionalmente bien situados en la escala social  internacional.

 La tendencia general en la Carta está constituida por la consecución de una progresiva  democratización de la sociedad internacional, pero no puede cerrar los ojos a las innegables  realidades políticas. Por ello reconocerá excepciones respecto de la democratización en favor  de una pequeña élite de Estados, sin los cuales la Organización que creaba hubiera sido pura  entelequia. Así, al regular las funciones del Consejo de Seguridad, la Carta de las Naciones  Unidas prevé esta situación, y el párrafo 3.° del artículo 27, imprescindible en cualquier  lectura de la misma, afirma que: «Las decisiones del Consejo de Seguridad sobre todas las demás cuestiones [las que no sean de procedimiento] serán tomadas por el voto afirmativo de nueve miembros, incluso los votos afirmativos de todos los miembros permanentes...»
Si la unanimidad no es esencial en todas las cuestiones de que, de hecho, se ocupa la  Organización de Naciones Unidas, sí lo es en aquellas que atañen o se refieren a la paz y  seguridad internacionales. Más aún, en la Asamblea General, órgano democrático por excelencia  en el que las resoluciones se adoptan por mayoría de los Estados, estas resoluciones no  tienen carácter obligatorio, sino recomendatorio, mientras que las resoluciones adoptadas por  el Consejo de Seguridad, donde el peso de las grandes potencias es evidente, pueden ser de  naturaleza meramente recomendatoria, si actúa en el ámbito del Capítulo VI de la Carta, u  obligatoria, si actúa en el marco del Capítulo VII, siendo el propio Consejo de Seguridad  quien dispone de un amplio y discrecional poder para elegir el ámbito en que adopta sus  resoluciones.

 De esta forma, el mecanismo establecido por la sociedad internacional institucionalizada permite que se pueda decidir sobre cualquier situación que se produzca en la sociedad internacional, siempre que los Estados partes en la situación no sean ni Estados  excepcionalmente bien instalados en la sociedad internacional, ostentando la calificación de  grandes potencias, ni Estados que, aun sin ser grandes potencias, cuenten con el apoyo  decidido de una gran potencia. Al fin y al cabo, como ha escrito CLAUDE, «la Carta no se  propuso crear un mecanismo coercitivo y de acción colectiva susceptible de ser empleado para  controlar a las grandes potencias o a los Estados protegidos por éstas». Se ratifica así la  plástica paradoja que exponía el delegado de Arabia Saudí en la Conferencia de San Francisco:  en caso de un conflicto entre dos pequeños Estados, interviene la Organización y desaparece el conflicto; si el conflicto es entre una gran potencia y un pequeño Estado, interviene la Organización y desaparece el pequeño Estado; si el conflicto es entre dos grandes potencias, interviene la Organización y desaparece... la Organización.

 2. En una sociedad internacional rígidamente dividida por criterios ideológicos y políticos, como la existente hasta finales de la década de los ochenta, la capacidad de actuación de las instituciones internacionales era mínima, por la actitud de permanente bloqueo de las grandes potencias en la defensa de los intereses propios o de los de sus aliados internacionales, a veces incluso lejanos si la rigidez de la bipolarización así lo aconsejaba. En la sociedad internacional actual, sustituida la antigua URSS por una Federación Rusa que no reivindica liderazgo mundial, se discute si nos encontramos en una situación de hegemonía o multipolar.

 En el primer caso, de tratarse de una situación hegemónica, los Estados Unidos serían la única potencia mundial, con un férreo control en todos los aspectos de la vida internacional, lo que equivaldría, en mayor o menor medida, a la afirmación de un nuevo sistema imperial con capacidad para dictar las normas de comportamiento político a los demás Estados. Salvando las oportunas diferencias, lo que aletearía sería la vuelta al mundo anterior a Westfalia, con el consiguiente rechazo del derecho de cada Estado a elegir su propio sistema. Obviamente, la línea divisoria no sería la religiosa, como antes de Westfalia, y pese a que pudiera así parecerlo con el fantasma del integrismo islámico por doquier e interesadamente invocado, sino la afirmación de unos nuevos valores (democratización o derechos humanos) parcialmente encubridores de realidades e intereses de otra índole.

 Para otros, ésta es una imagen en exceso simplista, con la intencionalidad de hacer  representar en un solo Estado las tendencias multiformes existentes en el mundo actual y  simplificar el nivel de comprensión. Éste es un mundo, se afirma, en el que, desaparecida la  URSS, sistema antagónico al democrático occidental, ya no hay necesidad de un bloque de  resistencia, lo que ha provocado una mayor libertad de actuación por parte del conjunto de los  Estados. Un ámbito en los que este poder se ejerce (político, militar, económico, etc.). Una cuestión diferente es que hoy se haya producido un acuerdo generalizado en torno a los objetivos y los medios para lograrlos.

 La opción por una u otra interpretación siempre es discutible, en la medida en que existen datos que, extremados, abogan por cualquiera de ellas. Lo que sí es cierto es que en el actualmundo de inicios del siglo XXI existen tres grupos de Estados: aquellos Estados que en uno o todos los aspectos de la vida de relación internacional tienen capacidad para influenciar las relaciones internacionales en su conjunto, beneficiándose obviamente de su situación privilegiada y compartiendo con el conjunto de sus equiparables los valores y pautas  predominantes. Éste es un grupo de Estados en el que, por supuesto, estarían los Estados  Unidos, pero con similar presencia en algunos aspectos Estados como Japón o los países de la Unión Europea, unos por sí solos, otros como componentes de dicha Unión.  Otro grupo de Estados, la inmensa mayoría, lo compondrían los que, desistiendo de las  posiciones de contestación o confrontación de las décadas de los sesenta, setenta y los  ochenta del siglo pasado, han asumido las posiciones directivas de los anteriores y aceptan  de buen grado que las pautas y valores establecidos por el primer grupo es la única forma  posible de actuación internacional, aunque no se oculten las reservas mentales al respecto.  Un tercer grupo de Estados, a los que se caracteriza por un extremado integrismo en lo  nacionalista, en lo político o en lo religioso, minoría señalada como culpable de las  distorsiones existentes en el mundo, y que pueden ganarse calificaciones próximas a las del  hooliganism o gamberrismo o ejes del mal (casos de Corea del Norte, Cuba, Irak, Irán, Libia,  Siria, Sudán o Afganistán hasta hace poco) y que en la vida de relación internacional, con  diversa fundamentación y distintos objetivos y medios, rechazan frontalmente las pautas de  comportamiento generalmente establecidas.

 La cuestión no es irrelevante porque la posición de los Estados en uno u otro grupo de actores internacionales les permite, de una parte, un mayor protagonismo en la sociedad  internacional, de manera que Estados de la primera o tercera categorías se constituyen en  protagonistas esenciales del escenario internacional; pero, de otra, mientras las conductas de  los primeros son disculpadas o condonadas, no importa el nivel de violación del Derecho  internacional que a veces suponen, las actuaciones de los terceros, incluso cuando no  implican violación de norma alguna, son duramente sancionadas. En la imposición de sanciones  los Estados del primer grupo en escasas ocasiones recurren a los mecanismos  institucionalizados de la sociedad internacional universal, prefiriendo el recurso a  mecanismos descentralizados o a instituciones propias de su propio mundo (caso, por ejemplo,  de la refundación de la OTAN con ocasión de su quincuagésimo aniversario, en contradicción con  las obligaciones asumidas en la Carta de las Naciones Unidas, como la práctica ha mostrado).

 3. En consonancia con una corriente de opinión muy extendida, y en línea con las predominantes concepciones sobre la globalización, en realidad esos intentos de explicación de las relaciones internacionales en el mundo contemporáneo, se afirma, olvidan un hecho de  importancia fundamental: lo que se está produ-ciendo es la paulatina desaparición del Estado  mismo por el agotamiento del modelo con que fuera creado o por la incapacidad para asumir la  disminución en las funciones que tradicionalmente venía desempeñando. Así se explicaría la  aparición de nuevas formas de relación internacional que apuntan a esta superación, como es  el caso de las organizaciones internacionales de integración, por una parte, o las  organizaciones internacionales no gubernamentales, por otra, mecanismo mediante el cual los  particulares persiguen y obtienen objetivos que estiman no pueden cumplir por medio de los  Estados. Prácticamente no hay ningún aspecto de los objetivos tradicionales asignados al  Estado que éste pueda lograr por sí mismo sin la cooperación o asociación con otros Estados.  Este ocaso del Estado se acentúa por el hecho de que ya no existe la necesidad de mantener un  Estado fuerte ante el peligro que la existencia de dos bloques ideológicos, políticos y económicos antagónicos suponía. Perdido ese objetivo, el Estado debe renunciar a las funciones que en exceso había acaparado, que le habían llevado a ser un Estado que incluso competía con los particulares como fabricante, comerciante o proveedor de productos y satisfacedor de  necesidades que hoy se obtienen con facilidad a través de la iniciativa privada.

 La permanencia del Estado o su sustitución por un modelo distinto de organización social es, en principio, absolutamente indiferente desde la perspectiva del desarrollo de las relaciones internacionales. Ciertamente el modelo estatal, tal como se instituyera en los albores de la Edad Moderna y hemos conocido hasta ahora, ha experimentado cambios sustanciales. La tan reafirmada soberanía estatal, la capacidad de cualquier Estado para decidir sobre sus opciones básicas de organización y de relación, es una pura falacia: la vida internacional hoy desecha cualquier intento de funcionamiento aulárquico de los Estados, y las decisiones de éstos se encuentran condicionadas por las circunstancias de la constelación de los restantes Estados. Pero no se deben olvidar dos realidades que parecen verificables: la primera, que no puede afirmarse que la soberanía de todos los Estados se encuentre amenazada o seriamente limitad por igual; a modo de ejemplo, y no sería el único supuesto reseñable, el presupuesto militar de los Estados Unidos, tras el incremento presupuestario experimentado como resultado del 11 de septiembre de 2001, es de 360.000 millones de euros, lo que supera a los siguientes seis presupuestos militares más importantes del mundo juntos, impidiendo cualquier conclusión sobre la crisis de ciertos Estados. Pero, en segundo lugar, incluso aunque ello no fuera así, la crisis del Estado no sería tampoco general, sino en relación con algunas funciones que hasta ahora el Estado venía desempeñando: en virtud de las propias conveniencias de la economía ya no se quiere un Estado que establezca rígidas fronteras para el fluido o el Ubre tránsito de las mercancías o de los capitales, permitiendo una libre competencia a  escala mundial, bienes o ventajas que se señalan como resultado de la globalización; para eso el  Estado ya no es necesario hoy. Pero el Estado sigue cumpliendo un papel tan pujante como  siempre de salvaguarda cuando se trata de impedir el desarrollo de otra libertad que debiera  ir de la mano de la globalización: la libre circulación de personas que, consideraciones de  derechos humanos al margen, es uno de los elementos decisivos en el proceso de producción.

 C. LA DESIGUAL DISTRIBUCIÓN DEL PODER ECONÓMICO

 1. En el terreno político es perceptible la desigual distribución del poder, de forma que el conjunto de Estados que básicamente adoptan las decisiones en las relaciones internacionales es el mismo grupo de Estados que ya lo hacían cuando la sociedad internacional de Estados era más limitada. La universalización, pues, no ha conllevado una transformación en los procesos de adopción de decisiones ni en el contenido de las decisiones adoptadas. Esta desigualdad es aún más verificable cuando del terreno de lo político nos trasladamos al análisis de las condiciones económicas, en las que ya no se encuentra enjuego el prurito de los Estados por alcanzar una posición destacable en el escenario internacional, sino que lo que está en juego es la supervivencia misma de las poblaciones que componen los Estados.

 El problema estriba, en primer lugar, en que hoy existen unas diferencias inaceptables entre los inmensos recursos disponibles por los habitantes de unos Estados, frente a la escasez, incluso de productos necesarios para satisfacer las necesidades mínimas, por parte de la mayoría de la población de la inmensa mayoría de los Estados. De forma sucinta puede  afirmarse que una quinta parte de la población mundial dispone de las cuatro quintas partes de  los recursos mundiales y, de forma inversa, que las cuatro quintas partes de la población  mundial han de repartirse la quinta parte de los bienes producidos a escala planetaria. Pero,  en segundo lugar, el aspecto más irritante de la cuestión es la comprobación de que esta  situación tiende a acentuarse: sin implicar que los niveles de la población más depauperada  empeoren aún más, lo que sí es cierto en ciertas zonas del planeta sometidas a una tremenda  presión demográfica, es comprobable que la diferencia entre los países más ricos y los países  más pobres no disminuye, sino que aumenta de forma alarmante en términos comparativos. De ahí  que aún pueda mantenerse lo que era un lugar común ya en la década de los sesenta del siglo  pasado: la existencia de un círculo virtuoso de la riqueza, frente a la existencia de un  círculo vicioso de la pobreza o, en términos más directos, la capacidad de la riqueza para  crear más riqueza, y la de la pobreza para generar miseria.

 2. Pese a lo alarmante de la situación, ha faltado tradicionalmente perspectiva para enfocar estos problemas, dando lugar a una disparidad de teorías y prácticas políticas  irreconciliables, en alguna medida motivadas por la dificultad de analizar una situación que  es relativamente novedosa. En efecto, las teorías económicas sobre las relaciones  internacionales a escala universal se limitaban al análisis de las relaciones comerciales  entre países situados en la misma órbita económica, pero no era posible trascender esos  análisis para encerrar en sus supuestos a las poblaciones de los territorios no  independientes. Estas poblaciones, no se olvide, eran observadas desde las categorías del  sagrado deber de civilización o de la pesada carga del hombre blanco. Cuando estos  territorios se convierten en Estados independientes es evidente la diferencia económica que  los separa con Estados ya asentados en la sociedad internacional, situación que, por otra  parte, se comprueba similar a la existente en otros Estados que venían disfrutando de la  independencia política desde inicios del siglo XIX, como es el caso de Latinoamérica. Pudie- ra parecer que se trataba de una situación coyuntural, provocada por el hecho de que los  Estados en vías de desarrollo se encuentran en una etapa diferente a la de los Estados  desarrollados, por la que éstos también pasaron, pero que es una etapa finalmente superable  siempre y cuando intervengan ciertos factores que coadyuven a ello: en primer lugar, es  necesario que estos Estados en vías de desarrollo modernicen sus estructuras internas de  forma que puedan realizar sus propias revoluciones industriales y, en segundo lugar, que  refuercen el ritmo de crecimiento económico para conseguir una rápida equiparación con los  países desarrollados, ritmo que puede ser realmente rápido en la medida en que se cuenta con  la experiencia previa de estos últimos. En la realización de estos dos objetivos bastará que  los países desarrollados colaboren con dos instrumentos temporales: de una  parte, la prestación de ayudas multilaterales o bilaterales destinadas a potenciar proyectos  de industrialización y desarrollo; en segundo lugar, que temporalmente se permita el  establecimiento de medidas de restricción del comercio internacional, con la finalidad de  potenciar las exportaciones de bienes provenientes de estos países, así como de restringir  importaciones competitivas hacia los mismos provenientes de los países ya industrializados. El  inicio de la década de los setenta asistirá al desencanto y la crisis del modelo, aunque la  critica se centre en torno a la operatividad de la ayuda internacional, a la que se acusa de  insuficiente, de políticamente condicionada y con objetivos controlados.

 Como resultado, surge la percepción teórica, profesada por los mismos dirigentes de los países en desarrollo, con una virulencia dialéctica alejada de sus prácticas políticas  internas, según las cuales, la desigualdad es producto de la existencia de unas estructuras de  intercambio desiguales que no sólo no pueden ser combatidas por los instrumentos anteriores,  sino que serán reforzadas por los mismos. Así, en la década de los setenta entramos en una  etapa de confrontación, producto de la verificación de un triple dato: el diferente dinamismo  del crecimiento en uno y otro sistema, lo que provoca el ensanchamiento de la brecha entre  los países desarrollados y subdesarrollados; el desarrollo de la periferia se concreta en  monocultivos agrícolas o industriales, inspirando un solo sector primario exportador  originado por la demanda de los países desarrollados, lo que no hace disminuir la importación  de bienes industriales, a la vez que impide la diversificación industrial y aumenta la  dependencia; por último, el desarrollo de los monocultivos da lugar a una distorsión  estructural en la periferia, pues si bien crea bolsas de riqueza, dispara el proceso  inflacionario. La consecuencia será la exigencia de cambiar la división vertical del trabajo  y mercado internacionales en una división horizontal de ambos, la proclamación de la  culpabilidad de los países desarrollados y la exigencia de la indemnización, muy por encima  de la cooperación. La confrontación alcanza niveles verificables de enfrentamiento político  en las organizaciones internacionales, que se convierten usualmente en foros de pública  acusación contra los Estados desarrollados por sus políticas de explotación económica.  Cualquier organización internacional se presta como foro adecuado para esta política de  confrontación verbal que, con frecuencia, se hace con objetivos de consumo interno en los  países en vías de desarrollo. A veces se provoca la crisis de las organizaciones en cuestión,  casos de la Organización Internacional del Trabajo o de la UNESCO, y a veces da lugar a la  elaboración de planes de cambio que ocasionan niveles crecientes de frustración, caso de las  Resoluciones 3201 y 3202 (S-VI) de la Asamblea General, adoptadas el simbólico día de 1 de  mayo de 1974, que aspiraban al establecimiento de un nuevo orden económico internacional.

 En la década de los ochenta pueden comprobarse dos factores: de una parte, que las condiciones económicas no han variado sustancialmente en el mundo, dejando claro que el enfrentamiento radical con los países desarrollados, aquellos de los que se hacía depender la transformación del sistema, era imposible a nivel multilateral; en segundo lugar, se produce otra grave consecuencia: el desdén de los países desarrollados por las organizaciones internacionales universales, a las que ven como instrumentos autoritarios en manos de los Estados menos favorecidos. De ahí que se produzca una doble reacción: en lo que se refiere al análisis y posible solución de los problemas, los Estados desarrollados no aceptarán foros multilaterales, que estiman demagógicos, abogando por políticas bilaterales; y ya situados en este terreno, el procedimiento ha de ser Estado a Estado, problema a problema y paso a paso. En cuanto al fondo de la cuestión, la pujanza de las tesis liberales de la mano de Thatcher en el Reino Unido y de Reagan en los Estados Unidos, a las que terminan plegándose, con acentos, los demás países desarrollados, hace que la salida de la crisis por parte de los países en vías de desarrollo no tenga más respuesta que dejar a las economías nacionales al libre funcionamiento de los elementos que intervienen en el proceso de producción y garantizar la globalización de las condiciones económicas a escala planetaria.

 3.La globalización plantea algo más que serias interrogantes sobre sus posibilidades para aliviar la situación económica mundial. En primer lugar, deja en el aire algunas cuestiones que, militando contra la propia globalización, son respaldadas por los propios Estados desarrollados con más o menos descaro: los movimientos especulativos del capital, la existencia de paraísos fiscales, la falta de democratización de los medios de comunicación, la restricción del acceso a los medicamentos, la no sostenibilidad ambiental del desarrollo, la existencia de una deuda externa que está capitalizando a los países industrializados. De ahí que movimientos como el Foro Social Mundial acusen al fenómeno de proceso de globalización capitalista dirigido por las grandes compañías multinacionales y por los gobiernos e instituciones al servicio de sus intereses. De otra parte, los Estados mejor situados no son nada reacios a la adopción de medidas proteccionistas que militan contra su fe en la globalización: así, por ejemplo, el sector más débil de la economía de los países industrializados, el agrícola, es sostenido mediante tarifas arancelarias o limitaciones cuantitativas a la importación, frente a productos agrícolas provenientes de los países en vías de desarrollo, altamente competitivos por la diferencia salarial en esos países, o mediante subvenciones a la producción, en técnicas de dumping y violación de la libre competencia. La defensa es la acusación de que los países en vías de desarrollo están realizando un dumping social, al no incluir en los precios de los productos, repercutidos del costo de la mano de obra, los costos de seguridad y bienestar social que caracteriza a los países desarrollados. Incluso como medida de defensa el día de mañana frente a los países en vías de desarrollo, todavía existirá la posibilidad de introducir,como medida técnica que desvirtúe la libre competencia, cuando ello convenga,de tasas ecológicas, justificadas por el mayor costo de los productos en los países industrializados merced a una mayor preocupación por el desarrollo sostenible. Llevaba buena parte de razón el lamento de un dirigente latinoamericano cuando afirmaba que los globalizadores no tienen oídos para la quejumbre de los globalizados.

 4.La desigual distribución del poder político y del poder económico puede
expresar frustraciones crecientes ante lo que algunos perciben como imposibilidad de cambio. Sin duda buena parte de la tranquilidad mundial se debe a la esperanza en el cambio pacifico o a la aceptación de las condiciones existentes como inevitables. Pero siempre existirá un sector de la comunidad internacional que, invocando la ilegitimidad del sistema, pretenda legitimar medios de lucha inaceptables: el rechazo del derecho de autodeterminación de los pueblos, la violación masiva de los derechos humanos, la existencia de condiciones económicas literalmente infrahumanas, serán caldo de cultivo para salidas condenables. Nacionalismos extremos, integrismos religiosos o terrorismos fanáticos son fenómenos muy presentes en la sociedad internacional actual, una sociedad altamente tecnificada, de comunicación instantánea a nivel universal y, por ende, susceptible de las más sofisticadas técnicas de propaganda.

3.EL ORDENAMIENTO JURÍDICO DE LA SOCIEDAD INTERNACIONAL

A)TRANSFORMACIONES EN LAS FUNCIONES DEL DERECHO INTERNACIONAL

El Derecho internacional ha experimentado unas extraordinarias transformaciones en los  últimos cincuenta años. En sus orígenes, como regulación normativa de las relaciones entre  entidades políticas soberanas, sus funciones se limitaban prácticamente a regular las  relaciones externas de sus sujetos, los Estados. Los Estados son entes de naturaleza  territorial en cuyo espacio desarrollan la plenitud de sus competencias, sin más límites que  los establecidos por las normas que han consentido en crear o los límites externos de otras  soberanías estatales. El Derecho internacional tenía, como ámbito central, la ordenación de  las distintas soberanías para evitar su colisión, concebidas estas soberanías como realidades  estancas, diferenciando entre las competencias que pertenecían a los Estados y las  competencias sustraídas a los Estados o estaban más allá de sus competencias. Las dos grandes  preocupaciones añadidas del Derecho internacional, precisamente, hacían referencia a los  aspectos externos de la soberanía: de una parte, el establecimiento de reglas que regularan  los órganos de relación entre los Estados, dando lugar a la creación de una de las ramas más  autónomas de este ordenamiento, el derecho diplomático; de otra, en los casos en que los  aspectos externos de la soberanía provocaran colisiones con las pretensiones soberanas de  otros Estados, la provisión de unos embrionarios medios de arreglo pacífico de las  controversias o, más frecuentemente, el establecimiento de normas sobre la conducción de  hostilidades, en el caso de que éste hubiera sido el mecanismo elegido por los Estados, en  virtud de sus competencias soberanas, para dilucidar la controversia.

 Lo que ocurriera en el interior de esas entidades estancas era algo que pertenecía al ámbito reservado o de la competencia doméstica de los Estados, sin que las reglas del Derecho  internacional tuvieran capacidad alguna para pronunciarse sobre la forma o la sustancia con  que los Estados realizaban estas competencias. Con ello, el ordenamiento jurídico  internacional era tremendamente sencillo en sus funciones y escaso en sus normas, gracias a  esa radical división entre los aspectos externos e internos de la soberanía. En ese orden de  cosas, además, la aspiración del Derecho internacional era esencialmente estática o  conservadora: evitar la existencia de situaciones que alteraran el síatu quo existente.
 
 Hace unos años, analizando específicamente el papel que se exige actualmente al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el profesor RÓLING llamaba la atención sobre el hecho de que si el Consejo de Seguridad nació como órgano que aspiraba a impedir la modificación unilateral por parte de algún Estado del statu quo surgido tras la Segunda Guerra Mundial, hoy, por el contrario, era urgentemente requerido como órgano que obligara a cualquier Estado, que se negara unilateralmente a ello, a una modificación de un statu quo existente y que se considerara injusto. Se trata, en consecuencia, de la exigencia del cumplimiento de unas funciones de cambio y transformación, frente a unas funciones de conservación antiguamente asignadas. El Derecho internacional, de esta forma, adquiere unos perfiles dinámicos que pugnan con las pretensiones estáticas de los Estados.

La más inmediata consecuencia de este cambio ha sido la de difuminar la distinción entre las  competencias estatales absolutas que pertenecen a los Estados en exclusiva, por encontrarse  referidas a los ámbitos internos de la soberanía, y los aspectos externos de la soberanía,  regidos por las normas jurídicas internacionales. Como resultado, las antaño competencias  reservadas o domésticas de los Estados se someten cada vez más a reglas de juego  internacionales. Cuestiones relativas a los derechos humanos, la protección de las minorías,  los derechos de los pueblos a la autodeterminación, la protección del medio ambiente o el  desarrollo, ya no son competencias exclusivas de los Estados, sino cada vez más objeto de  regulación internacional.

 Incluso se ha producido otro cambio significativo: si en el asunto Lotus (1927) la CPJI había razonado que las limitaciones contenidas en las normas jurídicas tienen su procedencia en la voluntad de los Estados y que las limitaciones a la independencia de los Estados no se presumen, el establecimiento de objetivos y propósitos comunes en el Derecho internacional puede conllevar una construcción jurídica en virtud de la cual ciertas competencias de los Estados, tanto personales como territoriales, se encuentren limitadas, sin exigirse la existencia de normas aceptadas por el consentimiento individual de los Estados. En último término, el ordenamiento internacional sería cada vez menos interestatal y más internacional
 De esta forma el Derecho internacional ha experimentado unos cambios que indicarían una auténtica mutación; es decir, se empezarían a detectar características tan peculiares en el actual Derecho internacional que no pueden explicarse como un proceso de evolución, sino como una auténtica mutación respecto del Derecho internacional de un pretérito incluso reciente, dando lugar a otro tipo de ordenamiento. Esos cambios profundos estarían originando la mutación en las funciones tradicionalmente asignadas al Derecho internacional como proyecto  de regulación normativa de la sociedad internacional, así como en los medios de realización  de sus objetivos.

 Si en el clásico Derecho internacional, en puridad un auténtico Derecho interestatal, las limitaciones a las competencias de los Estados no se suponían, en el actual Derecho  internacional empezarían a jugar presunciones contra la ilimitada capacidad de actuación de  los Estados cuando sus actuaciones colisionaran con los derechos atribuidos a otras entidades  jurídicas o con las necesidades de la misma sociedad internacional. Ya no resulta indiferente  qué pueda ocurrir en el interior de un Estado en relación a los nacionales de ese Estado, como competencia interna o doméstica, porque esos nacionales tienen derechos y deberes conferidos, tutelados o fiscalizados por el propio Derecho internacional.

 La mutación en las funciones del Derecho internacional, sin embargo, señala al gran drama de este ordenamiento jurídico, constituyéndose en lo que cabe calificar como la miseria y grandeza de este ordenamiento: frente a las funciones clásicas asignadas al Derecho  internacional, las crecientes necesidades y exigencias de la vida de relación internacional,  progresivamente interdependiente, pretende un Derecho internacional con funciones expandidas y  que se introduce en lo que hasta ahora eran competencias internas de los Estados. Ésta es  precisamente la grandeza del Derecho internacional: apenas sería posible encontrar alguna  cuestión sobre la que no exista una amplia gama de normas internacionales, en crecimiento  geométrico. Pero frente a esta demanda creciente, los instrumentos operativos del Derecho  internacional, la forma de verificar la observancia de las obligaciones internacionales por  los Estados sólo ha experimentado un crecimiento aritmético. Ésta es, precisamente y como  contrapartida, la miseria del Derecho internacional, respecto del cual las exigencias de  regulación no han venido acompañadas de la concesión de competencias de control y  verificación. De esta forma el Derecho internacional se mueve en la tensión de unas  expectativas jurídicas crecientes que, a veces, generan unas frustraciones jurídicas  igualmente crecientes.

 Y una paradoja más que empobrece aparentemente la capacidad efectiva del Derecho  internacional: cuando este ordenamiento muestra su capacidad de éxito, la efectividad en la  realización de las funciones originariamente asignadas es el momento en que vuelve a  empequeñecerse; cada vez que el Derecho internacional logra un objetivo básico lo consigue  mediante el expediente fluido de convertirse en normativa interna de los Estados. De esta  forma el Derecho internacional aparece siempre como un ordenamiento de un espléndido futuro,  aunque desgraciadamente iluminado por un permanentemente oscuro presente, con tendencia a  olvidarse que las aspiraciones de su pasado son ya logros en el presente.

B)   TRANSFORMACIONES EN LOS SUJETOS DEL DERECHO INTERNACIONAL

 1. En el mismo asunto Lotus (¡927), ya citado, la CPJI afirmaba la subjetividad internacional exclusiva del Estado, consideración que, por obvia en aquel momento, podría haberse considerado ociosa. En materia de subjetividad estatal, en todo caso, se ha producido un doble fenómeno: en primer lugar, se ha suavizado en gran medida la ficción de la igualdad soberana de los Estados, que si bien queda como propósito o aspiración constitucional internacional, es limitada por la existencia de normas jurídicas que reconocen la privilegiada situación política de algunos Estados y, en este sentido, parecen abocadas a mantener las situaciones de desigualdad política, junto a normas que establecen medidas de discriminación positiva para la efectiva consecución de la igualdad de todos los Estados, como son las normas que matizan el contenido de los derechos y deberes económicos de los distintos Estados, o aquellas otras que toman en consideración las circunstancias geográficas desventajosas de los Estados. En segundo lugar, la necesidad de los Estados de compartir escenario con otros sujetos de Derecho internacional ha planteado, incluso, la cuestión de la existencia de una soberanía estatal amenazada, en visión extremada, o al menos limitada por la aparición de otros sujetos de Derecho internacional.

2. Pero junto a la estratificación jurídica de los Estados como sujetos del Derecho  internacional, es cada vez más clásico y menos característico o definitorio, por obvio,  referirse a la importancia creciente de las Organizaciones internacionales. La importancia de  las Organizaciones internacionales es verificable en un doble dato: porque empieza a afirmarse  sin paliativos su personalidad jurídica internacional y porque constituyen un elemento  insoslayable en la comprensión y funcionamiento de la sociedad internacional actual, hasta el  punto de que sus competencias y poderes son distintos a los de los Estados miembros,  constituyéndose en sujeto cuya voluntad no es meramente la suma de las voluntades individuales  de los Estados, y sin que, por otra parte, y como sugiriera la Corte en el asunto de las  actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua (1986), los Estados puedan  atribuirse individualmente las competencias atribuidas a las Organizaciones. Es por ello que,  sin duda llevaba razón CHAUMONT cuando afirmaba que una buena parte del Derecho internacional  se basa en el principio estructural de la soberanía estatal, mientras que otra buena parte  encuentra su fundamento e inspiración en la necesidad de la cooperación y en la exigencia de  servicio público que sólo las Organizaciones internacionales pueden proporcionar.

 Así se ha llegado a la atribución creciente de competencias a las Organizaciones  internacionales, al pulso de las exigencias comunitarias de cooperación, hasta el punto de que  algunos autores han procedido a la caracterización de los diversos tipos históricos de  sociedad internacional sobre la base de la función y el desarrollo del fenómeno de las  Organizaciones internacionales. En REUTER la sociedad internacional puede ser de  yuxtaposición, coordinación o subordinación, según se presenten los intereses de los Estados y  funcionen en su ordenación las Organizaciones internacionales. Para DuPUY hoy se produce la  coexistencia dialéctica de dos tipos de Derecho internacional: un Derecho relacional  constituido esencialmente por relaciones ocasionales entre Estados y un Derecho institucional  que implica el reconocimiento de un interés común de ciertas instituciones destinadas a  facilitar su realización, gracias a un mínimo de disciplina entre los Estados miembros del  sistema instituido, disciplina que las instituciones tienen por objeto suscitar y,  eventualmente, controlar e incluso sancionar. Se trata pues de un dato que, en palabras del  profesor CARRILLO, «aparece como una realidad intermedia entre el viejo sistema diplomático  tradicional (Conferencias) y el sistema político propio del Estado. En todo caso, sin  embargo, esta realidad específica no ha venido a transformar radicalmente las bases sobre las  que se asienta el sistema internacional, sino únicamente a modificar y corregir el  funcionamiento del sistema interestatal.»

 Ello no significa que las Organizaciones internacionales posean per se personalidad jurídica internacional. Quizás su personalidadjurídica objetiva podría afirmarse para Organizaciones internacionales universales que representan la gestión de intereses generales, oponible a todos los miembros de la sociedad Ínternacional; pero personalidad jurídica ínter partes, susceptible de ulteriores reconocimientos, respecto de Organizaciones más limitadas en su composición y funciones. Esta posición matizada fue la finalmente adoptada por la Comisión de Derecho Internacional, en el artículo 6.° del Convenio sobre los tratados celebrados entre Estados y Organizaciones internacionales o entre Organizaciones internacionales, que en su redacción final constituye, en el comentario de la Comisión, «una fórmula de transacción basada esencialmente en el reconocimiento de que no debe considerarse en ningún caso que este artículo tenga por objeto o efecto decidir la cuestión de la condición jurídica de las Organizaciones internacionales en Derecho internacional; esta cuestión sigue pendiente y la redacción propuesta es compatible con la tesis según la cual el Derecho internacional general es el fundamento de la capacidad de las organizaciones internacionales como con la tesis contraria, según la cual es el tratado fundacional el fundamento de dicha personalidad». Igualmente, en la Convención sobre el Derecho del Mar, de 1982, el artículo 93, en el marco de la nacionalidad y condición jurídica de los buques, no se quiso prejuzgar la cuestión de los buques que estén al servicio de las Naciones Unidas, sus organismos especializados o del Organismo Internacional de la Energía Atómica. La solución final en esta materia vendría determinada, en cualquier caso, por la importancia esencial del principio de efectividad aplicado a cada Organización internacional, como con acierto hayan señalado SERENÍ o GONZÁLEZ CAMPOS.

 3. Si el Estado ha asistido, con el surgimiento de las Organizaciones inter-nacionales, a una nueva forma de racionalización política que, sin desplazarlo, amplía viejas categorías y habilita formas nuevas de realizar las necesidades internacionales, no es ésta la única transformación importante y significativa de las categorías de los sujetos del Derecho  internacional. En grados diferentes de desarrollo y materialización, podría hoy afirmarse que  en Derecho internacional se asiste a un proceso, quizás irreversible, de humanización de la  sociedad internacional, mediante la incorporación de nuevas categorías de sujetos. Ese proceso  de humanización es perceptible en una pluralidad de datos de materialidad no discutible:
 a)Proceso de humanización verificable, en primer lugar, en la preocupación creciente por la delimitación de los derechos fundamentales de la persona a la vez que intentos cada vez más perfilados de organizar la efectiva protección de los mismos, basados en la creencia de que la amenaza a los derechos humanos se constituye igualmente en amenaza a la paz y seguridad internacionales, en desarrollo de tan rápida progresión que hoy sería difícilmente imaginable que la CU afirmara, a efectos de razonamiento decisor, como hizo en el asunto relativo al Sudoeste africano (1966), que las «consideraciones humanitarias pueden constituir el fundamento de inspiración de las reglas jurídicas...pero tales consideraciones no tienen el significado equivalente al de las normas jurídicas».
 b)Proceso de humanización también perceptible, e igualmente importante
y significativo, en la progresiva delimitación del concepto de pueblo. Si en la Carta
de las Naciones Unidas y en un cuerpo de importantes declaraciones se han utilizado como sinónimos los términos Estado, gobierno, nación, país o pueblo, posteriormente el  concepto de pueblo ha sido objeto de delimitaciones más precisas: en un primer momento como  categoría imprescindible para atribuir en concreto el derecho de autodeterminación en  contextos coloniales; posteriormente, lanzando todo un problema de calificación, cuyo  resultado podría dar lugar a colisiones importantes con el principio de integridad  territorial de los Estados, y que podría empezar a encontrar concreciones jurídicas ante la  fuerza de un nuevo viento de la historia en sentido nacionalista y que no necesariamente ha de  interpretarse a la luz de otras épocas. Los procesos de disolución, pacífica en el caso de  Checoslovaquia, traumática en el de Yugoslavia y de auténtica descomposición en el caso de la  antigua URSS, ponen de manifiesto que el Estado, como prius lógico y hasta ahora indiscutible  del Derecho internacional, es contestado desde categorías diferentes en las que el acento se  establece en el concepto de pueblo.
 c) Proceso de humanización, finalmente, no menos perceptible e importante en la concepción planetaria de lo humano y en la emergencia del concepto jurídico de humanidad, aunque hoy sea simple inspiración de las normas jurídicas, dejando abierta la posibilidad de que las normas positivas del Derecho internacional apunten a algo más.

 Todos estos datos, sin duda, no pueden ser aisladamente analizados, sino que, en alguna manera, han de ser interpretados como muestra de un cambio importante en la estructura del orden jurídico internacional, estructura en la que progresivamente el Estado ha dado muestras de insuficiencia de control absoluto o de saciar las exigencias que estas otras entidades ponen de manifiesto. Aunque ello no debe permitir exageración alguna, independientemente de cualquier valoración de Ciencia política, que apunte, en el terreno estrictamente jurídico, a la idea de que el Estado está en vías de desaparición o en proceso menguante como sujeto primordial imprescindible para la comprensión del Derecho internacional.

C)   TRANSFORMACIONES EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE LAS NORMAS

 1. Si las normas jurídicas internacionales son el resultado final del consensus entre dos o más sujetos, podemos encontrarnos con una pluralidad de modalidades de manifestación de dicho consensus: así, los tratados, la costumbre, los actos de las Organizaciones internacionales o incluso los actos unilaterales de los Estados. Existe entre todos ellos una interacción recíproca en la medida en que son formas diversas de manifestación del consentimiento del Estado. La diferencia básica, en última instancia, es que la prueba del consentimiento de los Estados es más asequible en el caso de los tratados o de los actos de organizaciones o en los actos unilaterales, que en el caso de las normas consuetudinarias. Las transformaciones en las fuentes apuntan, sin embargo, a una pluralidad de datos. De una parte, y por supuesto, a que se ha invertido la importancia cuantitativa de las distintas formas tradicionales de expresión de la voluntad estatal. Hace ya muchos años que la costumbre mostró su incompetencia, por la exigencia de su lenta hechura, para ser el procedimiento adecuado de regulación jurídica de unas relaciones internacionales de aceleración progresiva, medio en el cual los tratados sí han mostrado su capacidad para, cuando las circunstancias así lo exigen, habilitar respuestas automáticas, bilaterales o multilaterales, a necesidades repentinas del mundo de relación internacional. De otra, y más importante, porque cada una de estas formas de manifestación de la voluntad de los Estados ha experimentado cambios intrínsecos significativos.

 2. La costumbre, sin embargo, que parecía condenada a desaparecer progresivamente, en proceso similar al que se produjera en los ordenamientos internos gracias a los esfuerzos  codificadores, ha experimentado una significativa revitalización merced a un replanteamiento  de sus elementos básicos. Si antaño era necesaria la verificación de la existencia de todos  los elementos materiales que perfilan la costumbre e, incluso, superar la prueba diabólica de  la existencia del elemento psicológico, espiritual o de convicción de tratarse de una actitud  obligada jurídicamente, haciendo de su prueba un proceso difícil, hoy muestra elementos de  frescura gracias a la relajación de la demostración de los elementos materiales: puede bastar  la existencia de una fuerte convicción jurídica, con frecuencia manifestada a través de los  actos unilaterales de los Estados o de los actos de las Organizaciones internacionales. Hasta  el punto de no importar la existencia de las contradicciones de la práctica, que hasta pueden  ser demostrativas de la solidez de la norma consuetudinaria cuando los Estados justifican la  excepcionalidad de su incumplimiento, como tuvo ocasión de subrayar la CU en el asunto de  las actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua (1986).

 No se oculte, sin embargo, que este factor de predominio del aspecto psicológico sobre los elementos materiales puede ensombrecer la Habilidad misma del Derecho internacional: no todos los Estados tienen la misma capacidad de presencia internacional, ya se manifieste en  actuaciones o en declaraciones, ni todos los Estados por igual tienen idéntica posibilidad de  reacción o contestación a los hechos o manifestaciones de otros Estados, por lo que un grupo  selecto de Estados, precisamente aquellos que básicamente modelaron el Derecho internacional  en épocas pretéritas, podrían seguir dibujando el modelo normativo actual. Quizás las que se  sugieren como modernas instituciones, como, por ejemplo, el pretendido derecho de  intervención humanitaria o la existencia de unas determinadas reglas en materia de comercio  internacional, pudieran ser expresión de este tipo de construcciones.

 Siguen subsistiendo, en otro orden de cosas, las dudas sobre el nivel de vin-culatoriedad de las normas consuetudinarias, cuando se encuentran en proceso de formación, respecto de los Estados que no están participando en dicho proceso y, de otra parte, su oponibilidad, cuando ya se han consolidado de forma general, respecto de aquellos Estados que no han participado en su proceso de elaboración y consolidación, especialmente si se oponían de forma sistemática y persistente a su consolidación. En algunos momentos no habría resultado difícil afirmar su oponibilidad incluso respecto de esos Estados, mientras que hoy la afirmación puede resultar más temeraria. Quizás no sea posible una respuesta general, sino matizada, en atención al Estado frente al cual se pretende su aplicación, la posición de oposición que ese Estado ha venido manifestando, así como la relativa importancia de ese Estado en el escenario internacional, introduciendo unos siempre peligrosos índices de relativismo en las normas consuetudinarias internacionales.

 3. Los tratados son, sin duda, la forma hoy más importante de generación de obligaciones jurídicas para los Estados. Su estructura de funcionamiento clásica ha sido similar a la forma en que los contratos generan obligaciones entre las partes contratantes en los derechos internos, filosofía que no les resulta ajena en el Convenio de Viena sobre el Derecho de los tratados en todo lo relativo a los efectos de los tratados respecto de terceros, a los efectos de los tratados respecto de otros tratados, a la forma de funcionamiento de las reservas o en lo relativo a la operatividad de los procedimientos de enmienda y modificación de los tratados, elementos todos ellos en los que la relevancia de la voluntad individual de cada Estado contratante resulta incontestable.

 De forma tradicional los tratados tendían a ser generadores de obligaciones sinalagmáticas bilaterales, expresando la reiteración de tratados bilaterales, lo que podía llegar a ser demostrativo de una práctica generalmente aceptada como derecho. La necesidad de introducir elementos de rapidez, a la vez que de certeza y seguridad jurídica en las relaciones internacionales, ha consolidado la práctica de conclusión de tratados multilaterales, única forma de hacer frente a las demandas que presentaban tanto una sociedad internacional acelerada, como un número de Estados en incremento. La multilateralización de los tratados introdujo elementos peculiares en el proceso de su elaboración y adopción, así como en la forma de generar efectos jurídicos, incluidos los sistemas de salvaguardar las particularidades de cada Estado a través del mecanismo de las reservas. Lo más importante, es que en el proceso de celebración de tratados multilaterales se exigían procedimientos  de consenso entre los Estados negociadores, como forma de coordinar intereses contrapuestos.  En alguna medida las técnicas de consenso se veían favorecidas porque buena parte de los  tratados multilaterales no pretendían tener como consecuencia la creación de obligaciones  sinalagmáticas, sino la regulación objetiva de intereses generales de la sociedad  internacional.

 Esta materia, sin embargo, tampoco ha quedado excluida de las consecuencias de los embates de lo que podría llamarse un nuevo bilateralismo o contractualismo en las relaciones  convencionales: frente al multilateralismo que se inició en las décadas de los sesenta y  setenta y, parcialmente, en la de los ochenta, las etapas posteriores han registrado índices  menores de conclusión de tratados internacionales multilaterales, siendo prácticamente  inexistentes en algunos ámbitos —derecho espacial— o cargados de obligaciones individualmente  dibujadas —derecho del medio ambiente—, habiendo sido poco fructífera, a modo de ejemplo, la  labor de la Comisión de Derecho Internacional en el proceso de codificación y desarrollo  progresivo del Derecho internacional. Sólo en materia de derechos humanos, entendidos de  forma genérica, se han registrado ciertos avances significativos, lo que sería consecuente con  la ideología sustentadora del fenómeno de la globalización.

 En esta misma línea, quizás, habría que señalar un dato no menos relevante, que apunta a la jerarquización de las normas internacionales: clásicamente no ha existido jerarquía normativa en Derecho internacional, siendo todas sus normas, por  igual, resultado del consentimiento de los Estados. Con todo, el articulo 103 de la Carta de las Naciones Unidas expresaba la prevalencia de sus normas sobre cualesquiera otras obligaciones de los Estados, prevalencia que podía ser interpretada como simple resultado de la voluntad expresamente manifestada de éstos y en relación con este específico instrumento jurídico. Hoy, por el contrario, las obligaciones de la Carta rigen con primacía las relaciones de los Estados por expresar los fundamentos constitucionales o principios estructurales del orden internacional; pero, más aún, no sólo tienen este carácter las normas contenidas en la Carta de las Naciones Unidas, sino igualmente aquellas normas que constituyen el ius cogens u orden público internacional, que no permiten derogaciones por acuerdo en contrario, convirtiéndose en canon de validez o constitucionalidad de las demás obligaciones internacionales. De esta forma, frente al principio hasta ahora indiscutible de la autonomía de la voluntad de los Estados, navegando en un amplio océano de derechos y normas dispositivas, emerge el escollo de los límites a dicha autonomía, quedando los Estados obligados por este orden público inter-nacional de forma imperativa o impositiva.

 Algunos Estados, sin embargo, parecen desconfiar de la existencia de un conjunto de normas que no permiten en ninguna circunstancia acuerdos en contrario, vulnerando lo que se ha  considerado siempre el sacrosanto principio de la autonomía de la voluntad. De la misma  manera, no parece agradar la existencia de dos categorías distintas de normas, con  consecuencias jurídicas diferenciadas, según la importancia fundamental que estas normas  tengan para la Comunidad Internacional en su conjunto, como parece señalar la oposición, que  finalmente tuvo éxito, a la inclusión de la distinción entre crímenes y delitos  internacionales que durante casi dos décadas había irrumpido con fuerza en la escena normativa  internacional de la mano de la Comisión de Derecho Internacional, a propósito del proyecto de  artículos sobre responsabilidad internacional de los Estados, tratándose ahora de salvar  algunos restos del naufragio.

 4. Las normas que han irrumpido con una fuerza inusitada son aquellas a las que ni siquiera hay mención en el Estatuto de la CIJ, los actos de las Organizaciones internacionales, hecho demostrativo de su novedad. La fortaleza de esta nueva forma de manifestación colegiada de la voluntad de los Estados me ha llevado a la utilización de una terminología quizás excesiva al hablar de la aparición de normas centralizadas autoritarias. No se trata aquí sólo del valor jurídico de las resoluciones de las Organizaciones internacionales, sino de que esas resoluciones, por el método empleado del consenso y de la aprobación ad referendum, pueden terminar creando una convicción u opinio iuris sive necessitatis. En el caso de algunas Organizaciones sus resoluciones adquieren formas y efectos vinculantes para los Estados, en cuyo caso la utilización del término de normas centralizadas autoritarias no parece en absoluto excesiva. Piénsese en el caso paradigmático de la capacidad normativa en el ámbito de la Unión Europea.

 Por supuesto, cualquier generalización, aparte de empobrecedora, sería sumamente equívoca: la capacidad de generación de efectos jurídicos de las resoluciones de las Organizaciones internacionales dependerá en buena medida de dos elementos confluyentes: de una parte, mientras más restringida sea una Organización, más homogéneos serán sus Estados miembros y mas posible la asunción de obligaciones también jurídicas; de la misma manera, mientras más especializada en sus funciones sea la Organización, mayor posibilidad en la eficacia de sus resoluciones.

 Paralelamente, mientras mayor sea el grado de multilateralismo existente en cada momento en la sociedad internacional, incluso respecto de resoluciones de carácter meramente recomendatorio, mayor será la posibilidad de que estas resoluciones se conviertan en vehículo de creación de convicción jurídica en torno a su contenido y, por ende, generador de una práctica consecuente con el contenido de las resoluciones. Por el contrario, en momentos de impugnación del multilateralismo y de primacía del bilateralismo, mayor dificultad para que las resoluciones de Organizaciones internacionales universales y generales tengan una significativa capacidad normativa, siquiera sea por vía consuetudinaria.

D)   TRANSFORMACIONES EN LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS
 
 1. En el Derecho internacional clásico era el propio Estado quien, en des-doblamiento  funcional, tenia encomendada la misión de velar por el cumplimiento de las obligaciones  internacionales. Esta afirmación sigue siendo hoy esencialmente válida, pero ya no cubre  todos los aspectos de las relaciones internacionales. El control del cumplimiento de las  obligaciones internacionales empieza a estar asumido de forma creciente por instituciones  objetivadas y al margen de la voluntad de los Estados: resulta obvio señalar que las  Organizaciones internacionales se han constituido en mecanismo esencial de verificación y  control de las obligaciones internacionales y, en algunos casos, incluso sancionador de  conductas contrarias al derecho.

 Es cada vez más frecuente que la asunción de obligaciones internacionales por parte de los Estados no se limite a la aceptación del contenido obligacional en abstracto, sino que venga acompañada del establecimiento de mecanismos de control, de verificación y de sanción. En algunos casos dicho control se limita a algo tan suave como es la obligación de los Estados de informar de forma periódica sobre las medidas que ha venido adoptando para hacer efectivo el cumplimiento de sus obligaciones internacionales, obligación de información seguida, de forma más o menos contundente y eficaz, del derecho de una institución a hacer observaciones y  comentarios al respecto. Pero en otros casos la verificación del cumplimiento implica la  existencia incluso de órganos jurisdiccionales que hacen asemejarse a este ordenamiento, en  ámbitos materiales específicos o geográficos definidos, a los ordenamientos internos.

 En este mismo orden de verificación del cumplimiento de las obligaciones internacionales, la sociedad internacional está experimentando una progresiva judicialización. Los Estados, reacios en general a aceptar mecanismos judiciales de control, hasta el punto de que, si bien la aceptación de la competencia de la CIJ ha superado en más de un tercio al total de los Estados de la sociedad internacional, lo que sin duda es insuficiente tratándose de un órgano judicial con competencias generales, empiezan a aceptar al menos, en aras a la seguridad y certeza jurídica, tribunales especializados para dirimir sus controversias internacionales.

 En este sentido apuntaría la tendencia a la creación de Salas en la CU, además de ser éste el momento histórico en que más asuntos están sometidos a la CU, la existencia de tribunales regionales, especialmente en Europa (Tribunal Europeo de Derechos Humanos o Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas) y América (Corte Interamericana de Derechos Humanos). Pero igualmente se pone de manifiesto en la creación de órganos judiciales específicos, como el Tribunal Internacional de Derecho del Mar o la Corte Penal Internacional, o de órganos equivalentes, como los encargados de dirimir controversias en el seno de la Organización Mundial de Comercio.

 Es bien cierto que, como han señalado algunos autores, esta proliferación de órganos  jurisdiccionales, especializados en razón a materias determinadas o restringidos a zonas  geográficas definidas, pueden tener como efecto no deseable la atomización o especialización  del Derecho internacional, en pugna con su vocación de universalidad: pero no es menos cierto  que esta proliferación arroja, en cualquier caso, una ventaja no desdeñable: socializa a los  Estados, siempre reacios a la aceptación de medíos de arreglo pacífico que puedan imponerse a  su voluntad soberana, en la existencia de unos procedimientos que dan seguridad en la vida de  relación internacional.

2. En materia de aplicación de normas internacionales se ha producido un segundo fenómeno de importancia : han aparecido normas y obligaciones jurídicas que no vinculan ni  establecen una relación de Estado a Estado, sino que establecen obligaciones erga omnes. En  efecto, con la elaboración por la Corte Internacional de Justicia del concepto de obligaciones  erga omnes, primero en el asunto de la Barcelona Traction (1968), y posteriormente en el  dictamen sobre Namibia (1971), los análisis de la responsabilidad internacional han  trascendido el terreno de las relaciones Estado-Estado, introduciendo la perspectiva Estado- Comunidad Internacional. La idea de las obligaciones erga omnes, como señalara en su momento  AGO, reposaría sobre dos premisas: el contenido de la obligación internacional violada y la  determinación del sujeto activo en la relación de responsabilidad. Aunque en los trabajos de  la Comisión de Derecho Internacional ha desaparecido la distinción entre crimen y delito, se  mantiene sin embargo la posibilidad de que la relación de responsabilidad pueda establecerse  entre el Estado infractor y otro Estado, un grupo de Estados o la comunidad internacional en  su conjunto, según sean en particular la naturaleza y el contenido de la obligación violada y  las circunstancias de la violación. Se considera violación grave la violación fragranté y  sistemática de una obligación que emana de una norma imperativa de Derecho internacional  general. En este caso, todo Estado que no sea un Estado directamente lesionado tendrá derecho  a invocar la responsabilidad de otro Estado si la obligación violada existe en relación a la  comunidad internacional en su conjunto.

E)   APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE DERECHO INTERNACIONAL

 1.ROLING, sobre la base de la diversidad de funciones que ha de cumplir el Derecho  internacional, escribió acerca de la existencia de varios tipos diferentes de Derecho internacional: un Derecho internacional que determina las competencias estatales; un Derecho internacional que desarrolla principios y métodos de cooperación; un Derecho internacional sancionador de los supuestos de violación de normas; finalmente, un Derecho internacional que provee la maquinaria del cambio pacífico y regula la solución de los conflictos. No se trata de una mera descripción de las parcelas a cubrir por el Derecho internacional, sino de una auténtica tipología que describe el grado de homogeneidad de una sociedad de acuerdo con la prevalencia de uno u otro tipo de Derecho internacional. Así podríamos afirmar que un Derecho internacional esencialmente competencialista, de naturaleza básicamente estática, puede ser causa de vehementes y explosivos conflictos en períodos sociales muy dinámicos; la existencia de un Derecho internacional que marcadamente regule la cooperación en la consecución de objetivos comunes quizás pudiera ayudar a prevenir las confrontaciones en un mundo dividido por la desigual estructura económica internacional; sin embargo, un Derecho internacional con acento sancionador ante las violaciones de las obligaciones internacionales podría ser totalmente ineficaz si se limitara a un código de prohibiciones sin, al mismo tiempo, dar salida o solución a problemas acuciantes de la sociedad internacional; finalmente, es posiblemente en torno a un Derecho internacional como mecanismo de cambio pacífico donde se plantean las mayores demandas en época de rápida transición o de insatisfacción básica con la situación en la que se encuentra la sociedad internacional.

 Esta referencia me ha parecido necesaria porque estimo que una acertada conceptuación del Derecho internacional debe venir avalada por la consideración de sus funciones; de lo  contrario sólo podría darse lugar a una conceptuación formal, en atención a la naturaleza de  sus normas o a los destinatarios de las mismas. El Derecho internacional debe ser entendido  como el conjunto de normas jurídicas que regulan la sociedad internacional y las relaciones  de sus miembros en la consecución de sus intereses sociales colectivos e individuales.

2. La suma de las observaciones realizadas hasta aquí permite afirmar algunas características  peculiares del Derecho internacional en el tránsito al siglo XXI.
a) es un ordenamiento de geometría variable, esto es, que, frente a la existencia de un conjunto de obligaciones mínimas uniformes para todos los Estados,permite que cada uno de ellos se vincule con mayor intensidad con todos los demás miembros de la sociedad, o con grupos reducidos de la misma, para la mejor satisfacción de sus intereses y necesidades;
b) es un ordenamiento en búsqueda de su plenitud o inacabado: frente a las concepciones que presentan al Derecho internacional como un todo cerrado y relativamente homogéneo, el cambio permanente en los objetivos y, sobre todo, la progresiva atribución de funciones, conlleva unas ciertas notas de provisionalidad y elaboración paulatina;
c) es un ordenamiento jurídico esencialmente dispositivo: la persistencia de
la soberanía estatal como fundamento básico del Derecho internacional hace que la naturaleza esencial de sus normas sea de naturaleza esencialmente dispositiva, esto es, con  un escasamente imperativo, a la vez que aún funcione con carácter predominante la afirmación  de que todo lo que no está expresamente prohibido ha de estimarse básicamente lícito;
d) es un ordenamiento esencialmente no coercitivo, anclado venturosamente en la idea del  derecho como proyecto de regulación social consensuado, y no en el derecho como secreción  autoritaria de la sociedad, con todas las fortalezas y debilidades que las concepciones  democráticas imponen a la idea del derecho: el Derecho internacional es el resultado de la  voluntad de los sujetos que lo modelan, los Estados. Y los Estados son, o debieran ser, la  expresión de la voluntad de los seres humanos y los pueblos que los constituyen.